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CHIHUAHUA, Chih., 26 de octubre de 2026.– El proceso penal contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, tendrá un nuevo capítulo judicial, luego de que la Fiscalía de Chihuahua confirmara que impugnará la resolución que dejó fuera la acusación por coalición de servidores públicos.
Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, informó en Chihuahua capital que la institución no comparte la determinación del juez de control y utilizará los recursos legales disponibles para solicitar su revisión.
La controversia se originó durante la audiencia en la que el juzgador consideró que existían elementos para procesar al exfuncionario por presunto ejercicio ilegal del servicio público, pero no encontró sustento suficiente para mantener la imputación por coalición.
Con la apelación, el Ministerio Público pretende que un tribunal examine nuevamente los argumentos presentados y determine si procede modificar la resolución original.
El caso está relacionado con las investigaciones sobre el operativo desarrollado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde se documentó la participación de agentes estadounidenses en acciones vinculadas con el combate al narcotráfico.
La situación del exfiscal se desarrolla actualmente en dos ámbitos judiciales. Mientras en Chihuahua continúa la causa penal del fuero común, en el ámbito federal enfrenta un proceso por presunta traición a la patria, delito por el cual permanece recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Por otra parte, Loya Chávez abordó los señalamientos relacionados con supuestos casinos vinculados al exfuncionario.
Sin precisar el número de expedientes ni las personas involucradas, confirmó que existen investigaciones abiertas y que la Fiscalía trabaja en la recopilación de elementos para determinar si se configura alguna responsabilidad penal.
El funcionario evitó adelantar conclusiones debido al carácter reservado de las diligencias.
La disputa judicial también involucra a la defensa de Jáuregui Moreno, que anteriormente anunció su intención de impugnar la vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público.
De esta manera, tanto la Fiscalía como la representación legal del exfuncionario buscan modificar distintos aspectos de la resolución estatal, aunque con objetivos contrarios.
La presentación de estos recursos abrirá una nueva etapa de revisión jurídica, sin que ello represente por ahora una modificación automática de las determinaciones emitidas.