Secretaría de las Mujeres fortalece atención territorial para prevenir violencia y garantizar derechos en México
Un video muestra la agresión contra Edwin C. C., quien presuntamente fue golpeado durante un minuto y 16 segundos; autoridades investigan la participación de cinco policías procesales.
CHIHUAHUA, Chih., 10 de octubre de 2026.-
Cinco elementos de la Policía Procesal enfrentan acusaciones relacionadas con la muerte de Edwin C. C., un interno que fue agredido físicamente en los pasillos de la Ciudad Judicial de Chihuahua, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y el uso de la fuerza.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, cuatro custodios se encuentran detenidos y vinculados a proceso por homicidio y tortura, mientras que un quinto elemento será presentado ante la autoridad judicial para responder por su presunta participación.
La investigación señala que la agresión ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia, cuando el interno fue sometido por varios elementos de seguridad.
Un video de vigilancia, difundido públicamente, muestra cómo el hombre es reducido por la fuerza y posteriormente golpeado en repetidas ocasiones.
Según la cronología presentada, la agresión se prolongó durante aproximadamente un minuto y 16 segundos, periodo en el que la víctima habría recibido golpes con toletes, patadas y puñetazos.
Las imágenes muestran que el interno fue derribado y sometido en el piso, mientras varios agentes participaban en las maniobras de inmovilización.
Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es si los custodios continuaron utilizando la fuerza cuando la víctima ya se encontraba sometida y sin posibilidades de representar una amenaza inmediata.
La información publicada señala que las autoridades ministeriales identificaron la posible participación de un quinto policía procesal, quien habría intervenido durante los hechos.
El artículo 239 del Código Penal de Chihuahua contempla sanciones para quienes, teniendo conocimiento de un delito por razón de su cargo, incumplen sus obligaciones legales de denunciarlo o actuar conforme a sus responsabilidades.
La Fiscalía también deberá determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados y establecer las circunstancias precisas que provocaron el fallecimiento.
El caso ha puesto nuevamente bajo revisión los procedimientos de actuación de los elementos encargados de custodiar y trasladar a personas privadas de la libertad dentro de instalaciones judiciales.
La utilización de la fuerza por parte de las autoridades debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
La investigación deberá establecer si existieron actos de tortura, uso excesivo de la fuerza u omisiones por parte de los agentes que participaron o presenciaron la agresión.
El proceso judicial continuará bajo el principio de presunción de inocencia, mientras las autoridades competentes determinan las responsabilidades penales correspondientes.
La muerte de Edwin C. C. representa un caso de especial relevancia para el sistema de justicia de Chihuahua, debido a que los hechos ocurrieron dentro de instalaciones destinadas precisamente a garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las personas bajo custodia del Estado.




