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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2026.— Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), fue detenida en la capital del país por su presunta responsabilidad en irregularidades administrativas que habrían ocasionado un daño superior a 62 millones de pesos al patrimonio municipal.
La detención ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre, en la colonia De la Unión Zapata, alcaldía Venustiano Carranza, según el Registro Nacional de Detenciones.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que la exfuncionaria es investigada por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con contratos públicos otorgados durante su administración. López-Dóriga Digital +1
De acuerdo con las investigaciones, entre 2022 y 2024 se adjudicaron presuntamente de manera irregular tres licitaciones para servicios especializados de lavado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Las autoridades detectaron inconsistencias entre los servicios reportados y la capacidad operativa de la empresa contratada. Entre los datos investigados destaca el registro de hasta 865 lavados mensuales para un parque de 123 vehículos, mientras el proveedor contaba únicamente con 15 trabajadores.
La Fiscalía también señaló la existencia de pagos sin documentación fiscal suficiente, así como posibles omisiones de funcionarios responsables de supervisar el cumplimiento de los contratos.
Lili Campos gobernó el municipio de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, entre 2021 y 2024, bajo una coalición encabezada por el PAN. En las elecciones de 2024 intentó reelegirse, pero fue derrotada por Estefanía Mercado, candidata de la alianza encabezada por Morena.
Posteriormente, en septiembre de 2026, se reportó su incorporación a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo.
La captura se produce en medio de investigaciones sobre el manejo de recursos públicos durante su gobierno municipal, aunque corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades individuales.
La exalcaldesa conserva su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, mientras se desarrolla el procedimiento judicial correspondiente.
El caso coloca nuevamente bajo revisión el ejercicio de recursos públicos en administraciones municipales y la obligación de garantizar transparencia en las contrataciones gubernamentales.