Fiscalía de Chihuahua revela 150 declaraciones en caso Jáuregui

CHIHUAHUA, Chih., 12 de noviembre de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer nuevos detalles sobre la integración de la investigación relacionada con el operativo de El Pinal, que derivó en procedimientos penales contra el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno y otros exfuncionarios estatales.

Mediante un posicionamiento institucional difundido el martes 10 de noviembre, la dependencia informó que el expediente estatal reúne 150 declaraciones correspondientes a 86 personas, como parte de las diligencias realizadas para esclarecer la presunta participación irregular de agentes extranjeros en territorio chihuahuense.

La Fiscalía también sostuvo que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, no existen datos que acrediten que la gobernadora Maru Campos tuviera conocimiento previo o hubiera autorizado la intervención de personal estadounidense en el operativo investigado.

El pronunciamiento surge después de nuevas declaraciones atribuidas al exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, sobre supuestas actividades de agencias estadounidenses y la actuación de funcionarios estatales.

La institución señaló que sus investigaciones se sustentan en declaraciones y otros elementos incorporados al expediente, cuyo contenido deberá ser valorado por las autoridades judiciales competentes.

El caso adquirió una nueva dimensión después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara la existencia de órdenes de aprehensión federales y estatales contra Zuany Portillo.

Por separado, César Gustavo Jáuregui Moreno permanece vinculado a proceso por el presunto delito de traición a la patria, dentro de la causa penal federal 408/2026, y continúa recluido en el penal del Altiplano, Estado de México.

Su defensa mantiene impugnaciones contra las resoluciones judiciales y anunció la preparación de un juicio de amparo para cuestionar la vinculación federal y la prisión preventiva.

La información presentada por la Fiscalía estatal no constituye una nueva resolución judicial ni modifica por sí misma la situación jurídica de los exfuncionarios investigados.

El posicionamiento de la dependencia sobre la gobernadora corresponde a su valoración de los elementos disponibles en la investigación y no representa una determinación judicial definitiva.

Las investigaciones continúan abiertas y las personas señaladas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.