Nuevas declaraciones de Zuany sobre presuntas operaciones de la CIA

CHIHUAHUA, Chih., 11 de noviembre de 2026.– Nuevas declaraciones atribuidas a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, reactivaron la controversia sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad realizadas en territorio estatal, asunto relacionado con las investigaciones que enfrenta el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno.

Los señalamientos hacen referencia a supuestas actividades de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y a la actuación de autoridades chihuahuenses durante operativos contra organizaciones criminales.

La gobernadora Maru Campos rechazó las afirmaciones atribuidas al exfuncionario, en medio de la discusión sobre las responsabilidades institucionales y las condiciones en que se habría desarrollado la colaboración con agentes extranjeros.

La controversia adquiere relevancia después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara este martes la existencia de órdenes de aprehensión federales y estatales contra Zuany Portillo.

El exfiscal de Operaciones Estratégicas está relacionado con las investigaciones derivadas del operativo realizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se indaga la presunta intervención irregular de personal estadounidense.

Por estos hechos, César Gustavo Jáuregui Moreno permanece vinculado a proceso por el presunto delito de traición a la patria y recluido en el penal federal del Altiplano, Estado de México.

Su defensa mantiene recursos legales contra las determinaciones judiciales y anunció la preparación de un amparo para cuestionar tanto la vinculación federal como la medida cautelar de prisión preventiva.

Hasta el momento, las declaraciones atribuidas a Zuany Portillo no constituyen pruebas judicialmente acreditadas de operaciones ilegales de la CIA ni permiten establecer responsabilidades de funcionarios estatales.

Tampoco se ha confirmado una nueva imputación formal o resolución judicial derivada de estos señalamientos.

La controversia coloca nuevamente bajo atención pública los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y las responsabilidades de las autoridades mexicanas cuando participan agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

Mientras continúan los procedimientos judiciales, corresponderá a las autoridades competentes determinar el alcance de las investigaciones y esclarecer los hechos mediante pruebas legalmente incorporadas a los expedientes.