Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy y a los 32 fiscales estatales

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2026.– Madres buscadoras presentaron una demanda de amparo contra la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y los titulares de las 32 fiscalías estatales, incluido el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por presuntas omisiones en el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

La acción legal fue promovida por Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, con acompañamiento de la organización Defensorxs, ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, el miércoles 7 de octubre.

Las denunciantes sostienen que las autoridades federales y estatales han incumplido su obligación de garantizar la interconexión en tiempo real de la información genética y forense, lo que dificulta identificar restos humanos localizados en distintas regiones del país.

Chihuahua, entre las fiscalías señaladas

La demanda incluye a César Jáuregui Moreno, titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al igual que a sus homólogos de las otras 31 entidades federativas.

El recurso no atribuye necesariamente responsabilidades individuales por desapariciones a los funcionarios señalados, sino que cuestiona las presuntas omisiones institucionales relacionadas con la integración y operación del sistema nacional de identificación forense.

Las madres buscadoras advierten que actualmente existen procedimientos en los que la información debe intercambiarse mediante solicitudes y oficios entre fiscalías, en lugar de contar con una plataforma que permita consultar y comparar registros automáticamente.

Esta situación puede provocar que restos humanos bajo resguardo de una institución forense permanezcan sin identificar, pese a existir información genética o reportes de desaparición en otra entidad.

Un sistema comprometido desde 2022

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la demanda, en diciembre de 2022 se establecieron compromisos de colaboración para conectar las bases de datos de las fiscalías estatales con el Banco Nacional de Datos Forenses.

Posteriormente, en mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de inicio de operaciones del sistema.

Sin embargo, las promoventes argumentan que, más de tres años después de los primeros acuerdos, no existe evidencia pública suficiente de que la plataforma funcione plenamente y señalan que su portal digital permanece inactivo.

Por ello, solicitan la intervención del Poder Judicial federal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Las madres exigen respuestas y no más retrasos

Margarita López Pérez es fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México. Su participación en la búsqueda de personas desaparecidas comenzó después de la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe Bahena López, ocurrida en Oaxaca en 2011.

Por su parte, Brenda María Valenzuela Gil busca a su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, en octubre de 2025.

Ambas consideran que la falta de coordinación entre instituciones representa una afectación directa a los derechos de las víctimas y sus familias.

El objetivo del amparo es conseguir una orden judicial que obligue a las autoridades a garantizar la conexión efectiva de los registros forenses y mejorar los procedimientos de identificación.

Un problema nacional que también afecta a Chihuahua

La controversia adquiere especial relevancia para Chihuahua, entidad donde las desapariciones y la identificación de personas fallecidas constituyen asuntos prioritarios para las autoridades y los colectivos de búsqueda.

Contar con información forense interoperable permitiría comparar registros entre estados y facilitar investigaciones relacionadas con personas que pudieron haber sido trasladadas o localizadas fuera de su lugar de origen.

La demanda abre una nueva etapa de revisión judicial sobre las responsabilidades de la Fiscalía General de la República y de las instituciones estatales en la operación del Banco Nacional de Datos Forenses.

El recurso todavía deberá seguir su procedimiento legal, por lo que las omisiones señaladas por las madres buscadoras no constituyen, hasta ahora, una responsabilidad judicialmente acreditada.

Para las familias que buscan a sus seres queridos, el reclamo central consiste en que la información disponible en las instituciones públicas pueda utilizarse de manera coordinada, sin retrasos que prolonguen la incertidumbre sobre el destino de las personas desaparecidas.