Suprema Corte abre diálogo permanente con empresarios por la certeza jurídica
El exfiscal de Chihuahua defendió ante un juez federal el operativo contra un laboratorio de drogas y cuestionó que las acciones de combate al narcotráfico puedan interpretarse como una amenaza a la soberanía nacional.
CHIHUAHUA, Chih., 28 de octubre de 2026. —
El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, rechazó la acusación de traición a la patria presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y advirtió sobre los riesgos de utilizar figuras penales de especial gravedad bajo interpretaciones políticas que, desde su perspectiva, pueden afectar las garantías de los servidores públicos.
Durante su intervención ante un juez federal en el Estado de México, el exfuncionario defendió las acciones desarrolladas contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara, donde fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de metanfetaminas.
Jáuregui sostuvo que los resultados del operativo deben ser considerados al evaluar la actuación de los agentes que participaron en el aseguramiento y rechazó que combatir a organizaciones criminales constituya, por sí mismo, una conducta de traición a la patria.
El exfiscal también cuestionó los elementos utilizados por el Ministerio Público Federal para relacionarlo con la participación de agentes estadounidenses en las operaciones desarrolladas en territorio chihuahuense.
De acuerdo con sus argumentos, ninguno de los 46 funcionarios que rindieron declaraciones durante la investigación lo señaló directamente como responsable de autorizar la presencia de agentes extranjeros.
Asimismo, afirmó que las investigaciones incluyeron registros telefónicos, seguimientos mediante sistemas de geolocalización y testimonios que, a su consideración, no acreditan su responsabilidad individual.
El exfuncionario señaló que la interpretación del delito de traición a la patria debe realizarse con especial cuidado, debido a las consecuencias jurídicas que implica y a los antecedentes históricos de utilización de acusaciones de esta naturaleza en conflictos políticos.
También pidió que las decisiones judiciales se sustenten en hechos concretos, elementos probatorios y responsabilidades plenamente individualizadas, sin extender las consecuencias penales mediante interpretaciones generales.
Sin embargo, el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó vincularlo a proceso por el presunto delito de traición a la patria y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La resolución mantiene al exfiscal bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
Paralelamente, Jáuregui enfrenta un procedimiento del fuero común en Chihuahua por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras que la acusación de coalición de servidores públicos fue descartada por un juez estatal.
Su abogado defensor, Héctor Villasana Ramírez, presentó una apelación contra la vinculación a proceso dictada por la autoridad estatal y anunció que también impugnaría la resolución federal.
El caso abre un debate jurídico sobre los límites de la cooperación internacional en operaciones de seguridad, las responsabilidades de los funcionarios y la aplicación del delito de traición a la patria.
Por ahora, las resoluciones judiciales corresponden a etapas procesales y no constituyen sentencias condenatorias. Jáuregui conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones y se resuelven los recursos de su defensa.