Suprema Corte abre diálogo permanente con empresarios por la certeza jurídica

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha una nueva estrategia de acercamiento con el sector empresarial mexicano, orientada a fortalecer la certeza jurídica, generar confianza entre los inversionistas y mejorar el conocimiento de los desafíos legales que enfrenta la actividad económica del país.

El programa, denominado “Por la Certeza Jurídica”, fue presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien destacó la importancia de mantener una comunicación institucional con los sectores productivos sin comprometer la autonomía del Poder Judicial.

La iniciativa establece mecanismos permanentes de vinculación, diálogo y capacitación especializada, con la participación de representantes empresariales y autoridades judiciales.

Durante el encuentro, Aguilar Ortiz hizo un llamado a los organismos empresariales a confiar en la nueva integración de la Suprema Corte y en las instituciones responsables de impartir justicia.

El programa contempla tres modalidades de colaboración: mesas de alto nivel, reuniones técnicas de trabajo y seminarios de formación especializada.

Mediante estos espacios se buscará identificar problemas jurídicos relacionados con las actividades empresariales, conocer las necesidades de sectores estratégicos y mejorar la comprensión de los cambios tecnológicos y regulatorios.

Entre los temas prioritarios destacan la inteligencia artificial, la transformación digital, la propiedad industrial, la estabilidad regulatoria, el sistema financiero y la integridad corporativa.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, reconoció la importancia de generar condiciones de seguridad jurídica para fortalecer las inversiones nacionales y extranjeras.

Por su parte, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México, manifestó la disposición del sector financiero para participar en mecanismos de colaboración que contribuyan al funcionamiento del sistema judicial.

La Suprema Corte precisó que las actividades tendrán límites institucionales claros: no se discutirán litigios particulares ni se permitirá que los encuentros empresariales influyan en sentencias o criterios jurisdiccionales.

La independencia judicial será una condición indispensable para el desarrollo del programa, especialmente ante la necesidad de garantizar igualdad de trato y confianza en las resoluciones de los tribunales.

En la reunión participaron también Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, y Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, además de ministras y ministros de la Suprema Corte.

La iniciativa adquiere relevancia para estados con importante actividad manufacturera y exportadora, como Chihuahua, donde las decisiones de inversión dependen de factores relacionados con el cumplimiento de contratos, las condiciones regulatorias y la protección de los derechos empresariales.

En regiones industriales como Ciudad Juárez y Chihuahua capital, la certeza jurídica constituye un elemento importante para atraer proyectos vinculados con manufactura avanzada, tecnología, logística y comercio internacional.

La incorporación de la inteligencia artificial y la propiedad industrial a la agenda de diálogo refleja también los nuevos desafíos que enfrentan las instituciones judiciales ante el desarrollo tecnológico.

El programa no representa una modificación inmediata de las leyes ni garantiza resultados particulares para las empresas, sino la apertura de canales de comunicación y especialización entre autoridades judiciales y representantes económicos.

Con esta estrategia, la Suprema Corte busca fortalecer la confianza institucional y promover un entorno de mayor certidumbre para la inversión, manteniendo como principio fundamental que las decisiones judiciales deben adoptarse con independencia y conforme a derecho.

La puesta en marcha del programa está confirmada en el comunicado 151/2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.