Señalan contratos por más de mil 458 millones de pesos a empresas vinculadas con exjefe de Oficial Mayor de Hidalgo

PACHUCA, Hidalgo, 8 de octubre de 2026.- Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés en la asignación de 58 contratos del Gobierno de Hidalgo, por más de mil 458 millones de pesos, a cinco empresas vinculadas con Juan Carlos Martínez Domínguez, antiguo jefe del actual Oficial Mayor del estado, Edgar Orlando Ángeles Pérez.

Los contratos fueron otorgados durante la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar e incluyen arrendamientos de vehículos, servicios de transporte público y espacios inmobiliarios.

De acuerdo con la investigación publicada el 7 de octubre, Ángeles Pérez mantuvo una relación laboral con Martínez Domínguez desde 2012, cuando se desempeñó como su secretario privado en Celular Milenium.

Posteriormente, ambos coincidieron en el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo y en otras actividades privadas, hasta que Ángeles Pérez fue nombrado Oficial Mayor del Gobierno estatal el 5 de septiembre de 2022.

Empresas vinculadas concentran contratos millonarios

Entre las compañías identificadas destaca Rommify Capital, en la que Martínez Domínguez aparece como accionista mayoritario, con el 75 por ciento de participación.

Esta empresa recibió 14 contratos por aproximadamente 895.5 millones de pesos, incluyendo operaciones relacionadas con el arrendamiento de vehículos para el sistema Tuzobús.

Otra empresa señalada es Green Movi/G100, con 35 contratos por más de 483 millones de pesos, mientras que Hidalmotors obtuvo tres contratos por aproximadamente 60.7 millones.

También figuran CELMILENIUM/CELMI y Celular Milenium, posteriormente denominada Fibra OPCE, con operaciones contractuales por varios millones de pesos.

Uno de los procedimientos que generan cuestionamientos corresponde a la licitación nacional EA-913003989-N879-2025, en la cual Rommify Capital obtuvo un contrato por 662.4 millones de pesos, pese a que, según la investigación, existía una propuesta económica aproximadamente 230 millones de pesos inferior que fue desechada.

Compra de departamento genera cuestionamientos

La investigación también documentó que el Oficial Mayor adquirió en agosto de 2024 un departamento de 126 metros cuadrados, mediante financiamiento, por un valor aproximado de 3 millones 817 mil pesos.

La operación inmobiliaria se realizó con Celular Milenium, empresa relacionada con su antiguo jefe y que mantenía contratos con el Gobierno estatal.

La compraventa ocurrió un día después de formalizarse un contrato gubernamental por 959 mil 271 pesos en el que Ángeles Pérez figuró como representante estatal.

Aunque esta coincidencia no demuestra por sí misma una conducta ilegal, plantea interrogantes sobre la posible existencia de conflictos de interés en las relaciones entre funcionarios públicos y empresas proveedoras.

Cuestionan cumplimiento de la legislación

El artículo 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo establece obligaciones para los servidores públicos que intervengan en asuntos donde exista un conflicto de interés.

Según la investigación, entre los documentos revisados de uno de los procedimientos de contratación no se identificó una solicitud formal de excusa presentada por Ángeles Pérez para separarse de decisiones relacionadas con las empresas señaladas.

La información difundida no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad administrativa o penal, por lo que correspondería a las autoridades competentes investigar los hechos y establecer si existieron irregularidades.

Comparecerá ante el Congreso estatal

En medio de los cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos, el Congreso de Hidalgo acordó llamar a comparecer al Oficial Mayor, Edgar Orlando Ángeles Pérez, el próximo 22 de octubre a las 16:00 horas, como parte de la revisión del cuarto informe de gobierno.

La comparecencia ofrecerá un espacio institucional para abordar asuntos relacionados con las atribuciones de la Oficialía Mayor, incluidos los procedimientos de contratación pública.

El caso coloca nuevamente en el debate nacional la necesidad de garantizar transparencia, competencia efectiva en las licitaciones y mecanismos de prevención de conflictos de interés en el ejercicio del presupuesto público.