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SALTILLO, Coah., 26 de octubre de 2026.–
Una controversia surgió en Coahuila luego de que el abogado Cristian Montenegro afirmara que 36 mil 875 personas registradas originalmente como hombres modificaron su identidad de género a femenina hasta diciembre de 2025, presuntamente para obtener condiciones de igualdad en procedimientos judiciales.
El litigante aseguró que la cifra proviene de solicitudes de información pública y que Saltillo y Torreón concentran buena parte de estos procedimientos. Sin embargo, los datos difundidos anteriormente por el Registro Civil estatal muestran cantidades considerablemente inferiores.
En marzo de 2026, la directora del Registro Civil de Coahuila, Catalina Labastida Pérez, informó que durante 2024 y 2025 se tramitaron 207 reconocimientos de identidad de género, de los cuales 107 correspondieron a cambios registrales de masculino a femenino.
Esta diferencia plantea interrogantes sobre la metodología, el periodo y los registros utilizados para sustentar las más de 36 mil modificaciones mencionadas por Montenegro.
El abogado explicó que algunas personas buscan modificar sus documentos oficiales para solicitar que sus asuntos legales sean examinados con perspectiva de género, especialmente cuando enfrentan denuncias penales o conflictos familiares.
Como antecedente, relató su experiencia personal al realizar una modificación registral en 2020, procedimiento que, según explicó, le permitió solicitar igualdad de trato durante un conflicto judicial relacionado con su expareja.
Montenegro rechazó que su decisión tuviera como propósito evitar obligaciones alimentarias y sostuvo que ha cumplido con las responsabilidades económicas correspondientes a su hija.
La legislación de Coahuila reconoce el derecho de las personas mayores de edad a solicitar que su documentación oficial corresponda con su identidad de género mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil.
La dependencia estatal establece requisitos como identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y consentimiento informado.
Por otra parte, las autoridades registrales han precisado que modificar la identidad de género no elimina responsabilidades civiles, familiares o penales previamente adquiridas, incluyendo el pago de pensiones alimenticias.
El tema abre una discusión sobre la aplicación de la perspectiva de género en los tribunales y la necesidad de distinguir entre el reconocimiento de un derecho a la identidad y las estrategias jurídicas utilizadas en procedimientos particulares.
Hasta ahora, la cifra de 36 mil 875 casos permanece como una afirmación del abogado, sin documentación oficial pública localizada que permita corroborarla. Tampoco existe evidencia presentada de que todos esos eventuales cambios respondan a una misma motivación judicial.
La diferencia entre las estadísticas conocidas y las declaraciones recientes hace necesaria una aclaración institucional para establecer cuántos procedimientos se han realizado efectivamente en Coahuila y cuáles son sus características.




