FGR solicita 18 años de prisión para exdirectivo del ISSSTE por presunta corrupción millonaria

Fiscalía señala adjudicación irregular de contratos por 11.1 millones de pesos y transferencias por más de 20 millones a favor del exfuncionario.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una sentencia de 18 años de prisión contra Javier Tapia Santoyo, exdirectivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta participación en una red de contrataciones irregulares y operaciones financieras vinculadas con una empresa señalada por simular servicios.

La investigación federal se concentra en tres contratos adjudicados durante abril de 2018, cuando Tapia Santoyo desempeñaba funciones administrativas en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, por un monto conjunto de 11.1 millones de pesos.

De acuerdo con la acusación, los recursos públicos fueron destinados a la contratación de estudios médicos, arrendamiento de equipos de rayos X y adquisición de materiales especializados de curación.

La empresa beneficiada, identificada como Interacción Biomédica, figuraba desde 2017 en el listado definitivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a contribuyentes señalados por simular operaciones comerciales.

Transferencias por 20.3 millones bajo investigación

Uno de los elementos centrales del expediente es el señalamiento de la FGR sobre transferencias financieras por aproximadamente 20.3 millones de pesos que presuntamente recibió el exfuncionario, directamente o mediante terceros relacionados con la compañía contratista.

Los movimientos habrían ocurrido entre octubre de 2017 y enero de 2019, periodo que comprende los meses anteriores y posteriores a las adjudicaciones investigadas.

El Ministerio Público federal atribuye a Tapia Santoyo los delitos de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Además de solicitar 18 años de cárcel, la representación social pidió una reparación del daño patrimonial por 11.1 millones de pesos a favor del ISSSTE y una multa equivalente a 225 días de salario.

La acusación fue presentada ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde continuará el procedimiento correspondiente.

Antecedentes en el Instituto Politécnico Nacional

El caso también alcanzó al Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde Tapia Santoyo ocupó responsabilidades administrativas.

En noviembre de 2025 fue separado temporalmente de su cargo como secretario de Administración, en medio de un procedimiento relacionado con un presunto incremento patrimonial no justificado.

El expediente vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación y supervisión de recursos públicos destinados a servicios médicos, particularmente cuando involucran empresas previamente identificadas por las autoridades fiscales.

La investigación adquiere relevancia nacional debido a que los recursos señalados estaban destinados a la atención de derechohabientes de una institución federal de salud.

Hasta el momento, la petición de 18 años de prisión representa la pretensión de la Fiscalía y no una sentencia definitiva. El exfuncionario conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial condenatoria.

Quadratín Noticias Chihuahua