Denuncian presuntos sobrecostos y simulación en contrato de mil 75 millones del INE

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2026.— Nuevos señalamientos sobre presuntos sobrecostos, requisitos dirigidos y posibles prácticas de simulación colocaron bajo cuestionamiento uno de los contratos más importantes del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionado con la fabricación de credenciales para votar por un monto señalado de aproximadamente mil 75 millones de pesos.

La contratación fue adjudicada durante la administración de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala a un consorcio encabezado por Cosmocolor, en participación con Icards Solutions y Talleres Gráficos de México, para producir credenciales durante el periodo 2026-2031.

Entre los cuestionamientos destacan las condiciones establecidas para participar en la licitación, los criterios utilizados para evaluar las propuestas económicas y técnicas, así como posibles relaciones entre proveedores y personas vinculadas con la administración electoral.

La controversia también alcanza al empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado en investigaciones sobre contrataciones públicas y empresas que han participado en procedimientos de adquisición de organismos electorales.

Uno de los principales señalamientos apunta a la posibilidad de que determinadas condiciones de contratación hayan favorecido a participantes específicos, reduciendo la competencia efectiva entre las empresas interesadas.

El contrato contempla la fabricación de entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales para votar, con un precio unitario adjudicado de 0.65 dólares antes de impuestos, de acuerdo con la información oficial del INE. Central Electoral

Durante el procedimiento participaron tres propuestas empresariales. La encabezada por Cosmocolor obtuvo la mayor puntuación técnica y económica, mientras que otra fue descalificada por incumplir requisitos establecidos en la convocatoria.

El propio organismo electoral ha sostenido que la adjudicación se realizó conforme a las disposiciones aplicables, mediante evaluaciones especializadas y mecanismos de supervisión.

Sin embargo, las dudas no se limitan al costo del contrato. También se han planteado cuestionamientos sobre la participación de Talleres Gráficos de México, las responsabilidades de las empresas integrantes del consorcio y la protección de los datos personales de millones de ciudadanos.

Estas preocupaciones llegaron al Consejo General del INE, donde se solicitó información adicional sobre las obligaciones de las compañías, los mecanismos de transmisión de datos y el análisis de posibles conflictos de interés. Central Electoral

El caso representa un nuevo desafío de transparencia para la administración de Guadalupe Taddei, particularmente ante las exigencias de revisar las contrataciones de mayor monto y garantizar que las decisiones se encuentren respaldadas por criterios técnicos verificables.

Resulta fundamental distinguir entre los señalamientos públicos y las irregularidades acreditadas. Hasta ahora, la información consultada no permite establecer como hecho probado que el contrato haya sido inflado deliberadamente ni que exista responsabilidad administrativa o penal de las personas mencionadas.

La revisión de los expedientes de licitación, las propuestas económicas y las relaciones entre proveedores será determinante para esclarecer si existieron prácticas contrarias a la normatividad.

En un organismo encargado de garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones, el manejo de recursos públicos también está sujeto a elevados estándares de rendición de cuentas.