El narco y las autoridades electorales

En el pasado celebramos que las autoridades electorales, tanto el INE como el TEPJF, abandonaran la rigidez de la norma y avanzaran en la concreción de una democracia efectiva. Me refiero a temas como el género, la diversidad y la inclusión. Para bien, consejeros y magistrados se percataron de la debilidad de una democracia donde no se resolvían las desventajas e inequidades.

Sin embargo, cuando se trata de la evidente presencia del crimen organizado en los comicios, no sucede lo mismo. En este tema no hay interpretaciones avanzadas ni resoluciones ejemplares. El asunto no se debate a profundidad ni se organizan grupos de trabajo para explorar posibles respuestas. El tribunal y el INE observan comicios en todas partes del mundo y publican libros sobre todo tipo de cuestiones, menos sobre la delincuencia en las elecciones mexicanas.

Un ejemplo de la nula disposición para abordar esta amenaza ocurrió en 2024, cuando una consejera se opuso a instalar, junto con los partidos, una mesa de trabajo para atender el peligro que representa el crimen en las elecciones y elaborar un mapa de riesgo. 

Por aquellos días, en representación de mi partido, dije en sesión del INE: “Igual vamos a tener elecciones pulcras, vamos a tener las mejores boletas electorales y vamos a saber a una hora precisa el resultado. Pero también habrá candidatos que van a renunciar y muchos que no podrán hacer campaña”. Ante la permisividad del gobierno y de Morena, agregué que todos los partidos deberían condenar la intervención del crimen organizado y no hacer apología de la violencia.

Eso sí, en el pasado se anularon elecciones por otras razones; en 2015, en Colima, a juicio del tribunal, el gobernador influyó en los resultados. La prueba fue una grabación en la que un funcionario presumía que cometería actos ilegales. Antes, en Tabasco, ocurrió algo similar por la intromisión de la televisora estatal en favor de un candidato. En aquel entonces se inventó la famosa “nulidad abstracta”, figura jurídica que permitía anular una votación cuando se acreditaban violaciones graves a los principios constitucionales, aun cuando no pudiera demostrarse exactamente cuántos votos fueron afectados.

Los acontecimientos de Sinaloa o Michoacán merecen una profunda reflexión para evitar que los criminales impongan gobernantes o legisladores. La democracia está por fenecer y todos somos responsables de evitarlo. Pero los de la herradura y los magistrados son los primeros obligados.