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CHIHUAHUA, Chih., 18 de septiembre de 2026.-
La visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez tendrá dos escenarios: el institucional y el electoral.
La Presidenta encabezará el sábado un acto de rendición de cuentas en la Plaza de la Mexicanidad, donde los grupos de Morena medirán su capacidad de movilización. Al mismo tiempo, la gobernadora Maru Campos solicitó un encuentro para plantear tres asuntos prioritarios: seguridad, agua y exportación de ganado.
Maru busca evitar que la gira se limite a un evento político. También propuso una reunión de seguridad en la Torre Centinela y una mesa de trabajo sobre los problemas que requieren coordinación federal.
La respuesta de Presidencia será importante. Si Claudia acepta, ambas podrán proyectar una relación institucional por encima de sus diferencias. Si no se concreta el encuentro, quedará la impresión de que la movilización de Morena tuvo prioridad sobre la agenda del estado.
En Juárez también estarán bajo observación los equipos de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez. Los dos intentarán demostrar organización y cercanía con la Presidenta en plena definición de la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua.
Será un informe presidencial, pero muchos estarán contando asistentes, lugares en el templete y fotografías.
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En el PAN de la capital comenzaron a aparecer dos discursos sobre la misma sucesión.
Jorge Soto asegura que el partido permanece fuerte, unido y con una ventaja importante para conservar la Presidencia Municipal de Chihuahua.
Carlos Olson advierte que una imposición, sin reglas claras ni “piso parejo”, podría dividir al panismo y poner en riesgo su principal bastión electoral.
Las dos posturas muestran la realidad interna.
El PAN conserva fortaleza en la capital, pero todavía debe definir el método, los tiempos y las condiciones para seleccionar a su candidato. La unidad no dependerá solamente de quién gane, sino de que quienes pierdan reconozcan el proceso.
La dirigencia estatal, encabezada por Daniela Álvarez, tendrá que evitar que la candidatura sea percibida como una decisión tomada desde Palacio de Gobierno o desde la Presidencia Municipal.
Acción Nacional gobierna la capital desde 2016. Perderla debilitaría toda su estrategia para 2027.
El reto no consiste únicamente en seleccionar al perfil más competitivo. También debe impedir que la elección interna deje operadores inconformes trabajando en contra o simplemente cruzados de brazos.
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La propuesta para otorgar protección jurídica al titular de la Auditoría Superior del Estado representa una medida importante para fortalecer el combate a la corrupción en Chihuahua.
El auditor revisa las cuentas de gobiernos municipales, dependencias, organismos autónomos y poderes públicos. Sus investigaciones pueden afectar intereses políticos, económicos y administrativos de funcionarios con capacidad para ejercer presiones o promover represalias.
Por eso necesita condiciones jurídicas que le permitan trabajar con independencia, firmeza y seguridad.
La protección constitucional no debe entenderse como impunidad ni como un privilegio personal. Su propósito es impedir que una denuncia fabricada, una amenaza judicial o una presión política paralicen una auditoría o condicionen sus resultados.
Un auditor vulnerable frente a los funcionarios que fiscaliza difícilmente puede actuar con plena autonomía.
La presidenta del Congreso, Joceline Vega, tiene razón al señalar que esta protección puede contribuir al mejor desempeño de la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la reforma deberá precisar que el fuero protege el ejercicio de la función, pero no encubre delitos, abusos o actos de corrupción.
También deben conservarse los procedimientos para retirar esa protección cuando existan elementos jurídicos suficientes.
Fortalecer al auditor significa fortalecer la vigilancia de cada peso público. Significa darle herramientas para investigar sin miedo a represalias y presentar resultados sin recibir instrucciones de partidos o gobiernos.
No se trata de proteger a una persona. Se trata de proteger la fiscalización y el derecho de los chihuahuenses a saber cómo se utiliza el dinero público.
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El colectivo “Soy Papá No Criminal” ratificó su solicitud de juicio político contra la diputada de Morena Leticia Ortega.
Sus integrantes acusan a la legisladora de presuntas agresiones, discriminación y confrontación con organizaciones que desde hace aproximadamente tres años solicitan legislar sobre obstrucción parental.
Los señalamientos deben investigarse y la diputada tiene derecho a responder. El juicio político no puede utilizarse para sancionar diferencias ideológicas, pero el Congreso tampoco debe archivar la petición solamente porque involucra a una integrante de Morena.
La discusión pondrá a prueba la congruencia de las bancadas.
Quienes exigen investigar a funcionarios de otros partidos deberán aplicar el mismo criterio cuando el señalamiento alcanza a una compañera. Y quienes promueven el procedimiento deberán demostrar que cuentan con hechos y elementos jurídicos, no únicamente con diferencias políticas.
El Congreso tiene que resolver con transparencia, debido proceso y sin proteger siglas.
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La crisis ganadera ya llegó a la agenda que Chihuahua pretende discutir con Claudia Sheinbaum.
El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, pidió fortalecer al Senasica para combatir el gusano barrenador y recuperar plenamente la exportación de ganado hacia Estados Unidos.
El problema no admite discursos partidistas. Afecta el ingreso de los productores, la economía regional y la reputación sanitaria construida durante años por la ganadería chihuahuense.
La reapertura gradual de cruces representa un avance, pero todavía no significa normalidad para el sector.
El estado necesita mayor vigilancia epidemiológica, personal suficiente, controles de movilización, campañas sanitarias y una coordinación binacional que brinde certidumbre.
Maru llevará el tema ante Claudia. La Presidenta tendrá la oportunidad de convertir su visita en algo más que una concentración política.
Si del encuentro surgen acuerdos, plazos y recursos, la gira tendrá resultados para Chihuahua. Si solamente deja discursos y fotografías, el campo seguirá pagando el costo de la falta de decisiones.
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Hay asuntos en los que ponerse de acuerdo debería ser más sencillo que repartirse culpas o atribuirse méritos.
Chihuahua Recicla es un buen ejemplo.
El Gobierno del Estado y el Municipio de Chihuahua llevan varios años trabajando juntos en este programa, al que también se han incorporado empresas y ciudadanos.
La parte más importante corresponde precisamente a la población: separar y llevar los aparatos electrónicos, plásticos, papel, cartón y otros materiales que ya no utiliza.
El resultado ha sido que toneladas de residuos lleguen a procesos de reciclaje en lugar de terminar en el relleno sanitario, los arroyos o tiraderos clandestinos.
Este año volverán a aplicar prácticamente la misma fórmula: cada autoridad aporta recursos y organización, las empresas colaboran y la ciudadanía participa.
El programa demuestra que la coordinación institucional sí ofrece resultados cuando existe un objetivo común.
No todo debe convertirse en confrontación política. Hay problemas que no preguntan colores partidistas y soluciones que requieren la participación de todos.
Parece sencillo. Quizá debería serlo.
Porque cuando el Estado, el Municipio, las empresas y los ciudadanos jalan para el mismo lado, hasta la basura encuentra un mejor destino.




