Inteligencia artificial y democracia: la nueva batalla por la verdad electoral

Dr. Omar Bazán Flores
Doctor en Economía Circular

La democracia está entrando en una etapa de transformación que probablemente será tan profunda como la aparición de la televisión, la expansión de internet o el surgimiento de las redes sociales. La inteligencia artificial ya no es solamente una herramienta de innovación tecnológica; se está convirtiendo en un instrumento capaz de modificar la comunicación política, influir en la opinión pública y transformar la manera en que los ciudadanos reciben información sobre quienes aspiran a gobernarlos.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026, ofrecen una muestra de esta nueva realidad. De acuerdo con el Wesleyan Media Project, durante el actual ciclo electoral se han identificado al menos 220 anuncios políticos elaborados o modificados mediante inteligencia artificial, con una inversión superior a los 137 millones de dólares.

La cifra resulta especialmente significativa porque durante el proceso electoral de 2024 el gasto identificado en esta modalidad fue inferior a los 50 mil dólares. En apenas dos años, la utilización de inteligencia artificial en la publicidad política estadounidense pasó de ser una práctica relativamente marginal a convertirse en una herramienta de considerable importancia económica y estratégica.

Pero el verdadero problema no radica en cuánto dinero se invierte, sino en las consecuencias que estas tecnologías pueden tener para la libertad de decisión de los ciudadanos.

Durante décadas, la competencia electoral estuvo determinada por discursos, debates, propuestas, entrevistas y campañas publicitarias. Posteriormente, las redes sociales introdujeron una nueva dimensión: la posibilidad de transmitir mensajes directamente a millones de personas, sin depender exclusivamente de los canales tradicionales de comunicación.

Ahora estamos frente a un cambio todavía mayor. La inteligencia artificial permite producir imágenes que nunca existieron, recrear voces, simular conversaciones y construir acontecimientos que jamás ocurrieron.

Los llamados deepfakes representan una de las expresiones más preocupantes de este fenómeno. Mediante sistemas generativos, es posible mostrar a una persona pronunciando declaraciones que nunca realizó o participando en situaciones completamente ficticias.

La tecnología puede generar contenidos tan realistas que incluso ciudadanos familiarizados con los medios digitales pueden encontrar dificultades para distinguir la información auténtica de la fabricada.

Esto modifica uno de los principios esenciales de cualquier democracia: la posibilidad de decidir libremente a partir de información confiable.

La manipulación política no es nueva; lo novedoso es su capacidad tecnológica.

La propaganda, los rumores, las noticias falsas y las campañas de desprestigio han acompañado a los procesos electorales durante generaciones. Sin embargo, la inteligencia artificial introduce tres elementos que transforman radicalmente el escenario: velocidad, escala y apariencia de autenticidad.

Un mensaje falso puede producirse en segundos, reproducirse en múltiples idiomas, adaptarse a diferentes públicos y difundirse simultáneamente mediante miles de cuentas digitales.

Además, los algoritmos permiten analizar intereses y comportamientos para identificar qué mensajes tienen mayores posibilidades de captar la atención de determinados sectores sociales.

De esta manera, la comunicación política corre el riesgo de abandonar el debate público compartido y convertirse en una sucesión de mensajes individualizados que pueden reforzar prejuicios, emociones y percepciones previamente existentes.

La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con la democracia cuando dos ciudadanos pueden recibir versiones completamente distintas de un mismo acontecimiento político?

No estamos frente a un problema exclusivamente tecnológico. Nos encontramos ante un desafío ético, institucional y cultural.

La experiencia estadounidense demuestra también que la legislación avanza con dificultades frente a la velocidad de la innovación. Diferentes estados han adoptado disposiciones para regular la difusión de contenidos electorales manipulados mediante inteligencia artificial, pero todavía existen diferencias importantes entre sus marcos normativos.

La exigencia de identificar los materiales sintéticos constituye una medida necesaria, aunque insuficiente.

Un contenido falso puede alcanzar millones de visualizaciones antes de ser aclarado. Incluso después de una rectificación, su efecto sobre la percepción pública puede permanecer.

Por ello, la transparencia debe acompañarse de mecanismos de verificación, responsabilidad de las plataformas digitales y educación ciudadana.

México no puede considerar esta transformación como un problema lejano.

Nuestro país se prepara para el proceso electoral de 2027, en el que la utilización de inteligencia artificial podría adquirir una presencia importante en las estrategias de comunicación política.

Las autoridades electorales tienen ante sí la oportunidad de anticipar riesgos y establecer criterios claros para identificar contenidos creados o alterados digitalmente.

El Instituto Nacional Electoral ya ha incorporado disposiciones relacionadas con la inteligencia artificial en materia de protección de niñas, niños y adolescentes dentro de la propaganda político-electoral. Es un antecedente relevante, pero el debate debe ampliarse hacia la transparencia de la comunicación política en su conjunto.

Resulta indispensable analizar obligaciones de identificación de contenido sintético, mecanismos para denunciar suplantaciones de identidad y procedimientos que permitan actuar oportunamente ante materiales engañosos.

En Chihuahua, esta discusión merece especial atención.

Nuestra condición fronteriza, la intensidad de la comunicación digital y la cercanía con Estados Unidos nos colocan en un escenario donde las transformaciones tecnológicas pueden extenderse rápidamente.

El desafío para las instituciones electorales, los partidos, las universidades y la sociedad civil consiste en comprender que la inteligencia artificial no debe utilizarse para sustituir la discusión de propuestas por simulaciones emocionales.

Tampoco sería correcto considerar que toda aplicación de inteligencia artificial en política representa una amenaza.

La tecnología puede contribuir a traducir información electoral, explicar plataformas políticas, facilitar la participación de personas con discapacidad, analizar problemas públicos y ofrecer a los ciudadanos herramientas para comparar propuestas.

También puede mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer el análisis estadístico y ampliar el acceso al conocimiento.

La diferencia fundamental radica en el propósito de su utilización.

Una inteligencia artificial orientada a informar puede fortalecer la democracia. Una inteligencia artificial diseñada para engañar puede debilitar la confianza pública.

Desde la perspectiva de la economía circular, existe una reflexión adicional. Los sistemas tecnológicos deben evaluarse no solamente por su eficiencia productiva, sino también por sus consecuencias sociales, ambientales e institucionales.

El desarrollo responsable implica considerar todo el ciclo de vida de la tecnología: su diseño, consumo energético, utilización, efectos sobre las personas y mecanismos de rendición de cuentas.

De poco serviría construir sociedades tecnológicamente avanzadas si al mismo tiempo debilitamos la confianza entre ciudadanos e instituciones.

La innovación debe generar valor público, no únicamente ventajas económicas o competitivas.

Por eso considero que México necesita impulsar una agenda nacional de inteligencia artificial responsable, con participación de instituciones públicas, especialistas, universidades, empresas tecnológicas y organizaciones ciudadanas.

Esa agenda debería contemplar alfabetización digital, transparencia algorítmica, protección de datos personales, identificación de contenidos sintéticos y desarrollo de capacidades institucionales.

Especial importancia tendrá la formación de las nuevas generaciones.

Los jóvenes necesitan aprender no solamente a utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino también a cuestionar sus resultados, reconocer sus limitaciones y distinguir entre evidencia, interpretación y manipulación.

La educación digital deberá convertirse en una competencia ciudadana tan importante como la comprensión lectora o el conocimiento de nuestros derechos constitucionales.

También corresponde a quienes participan en la vida pública asumir una responsabilidad ética.

La competencia democrática debe sostenerse sobre argumentos, trayectorias, proyectos y resultados verificables. La utilización de tecnologías capaces de fabricar declaraciones o acontecimientos falsos no puede justificarse como una simple estrategia de comunicación.

El avance científico no elimina la responsabilidad humana.

Por el contrario, cuanto mayor es el poder de una herramienta, mayor debe ser el compromiso de quienes la utilizan.

Estamos ante una paradoja de nuestro tiempo: nunca habíamos tenido tanta capacidad tecnológica para producir y distribuir información, pero tampoco habíamos enfrentado tantos desafíos para establecer qué información merece nuestra confianza.

La inteligencia artificial continuará evolucionando. Sus aplicaciones serán cada vez más sofisticadas, accesibles y difíciles de identificar mediante una simple observación.

Por ello, la respuesta no puede limitarse a prohibiciones generales ni al rechazo del desarrollo tecnológico.

Necesitamos instituciones preparadas, ciudadanos informados, legislación actualizada y una cultura política comprometida con la verdad.

Las elecciones estadounidenses de 2026 pueden representar un punto de inflexión en la relación entre tecnología y democracia. México debe observar esa experiencia, estudiar sus consecuencias y anticipar las medidas necesarias para proteger sus propios procesos electorales.

La gran batalla democrática del siglo XXI no será solamente por conquistar el voto, sino por preservar la libertad de pensamiento de quienes lo emiten.

Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo artificialmente fabricado, no solamente se debilita la información: también se compromete la confianza que sostiene a sus instituciones.

La inteligencia artificial puede transformar la política, pero nunca debería sustituir la conciencia, el pensamiento crítico y la responsabilidad de los ciudadanos.

El futuro de la democracia dependerá de nuestra capacidad para aprovechar la innovación sin renunciar a la verdad.

La tecnología debe estar al servicio de la democracia, y nunca la democracia al servicio de la manipulación tecnológica.

Dr. Omar Bazán Flores
Doctor en Economía Circular