Muy probablemente el día de hoy sea votada en el pleno del senado la reforma a la Ley de Amparo. Y si, como lo ha venido haciendo este régimen de Morena, en fast track, con la menor discusión posible, claro sin dar voz a los distintos actores y sectores de la sociedad mexicana.

Miren, seamos directos: la reforma a la Ley de Amparo que presentó Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre es una de esas propuestas que te venden con palabras bonitas pero que en el fondo te quitan lo que más necesitas. El gobierno la pinta como una modernización necesaria, como si el problema de México fuera que la gente se defiende demasiado de los abusos del poder. ¿En serio?

La presidenta Sheinbaum dice que la reforma busca que la justicia sea más rápida porque "quienes más recursos económicos tienen usan este recurso para retrasar la aplicación de la justicia"(mmm ¿se referirá a alguien en particular?). Ok, suena razonable hasta que te das cuenta de que la solución que proponen es básicamente quitarle poder al amparo para todos, ricos y pobres por igual. Es como si para evitar que los ricos abusen del sistema de salud, cerraran los hospitales públicos. No tiene sentido.

Lo peor de todo es cómo están limitando el concepto de "interés legítimo". Analistas y diversas organizaciones advierten que la reforma debilita la figura del amparo y limita los conceptos del interés legítimo, de la suspensión provisional y los medios para el cumplimiento de las sentencias. ¿Y eso qué significa para nosotros, la gente común? Que va a ser mucho más difícil defenderte cuando el gobierno se pase de listo.

Ahora resulta que la suspensión no procederá si impide al Estado ejercer sus facultades relacionadas con la deuda pública. Traducción: si el gobierno quiere embargarte, congelarte cuentas o hacer lo que se le dé la gana en temas fiscales, ya no vas a poder frenarlos con un amparo. Las empresas y personas ya no podrán tramitar un amparo para descongelar las cuentas que ordene la UIF, evitar la cancelación de certificados de sello digital por el SAT o prorrogar un embargo. ¿Dónde quedó aquello del debido proceso?

La crítica más dura dice que la reforma "pone en el centro a las autoridades y no a las personas". Ahí está el verdadero problema: esta iniciativa no está pensada para proteger a los ciudadanos, sino para hacer más fácil el trabajo del gobierno, aunque eso signifique atropellar derechos.

Lo que más coraje me da es la hipocresía del discurso. Te dicen que es para proteger al pueblo, que es para acabar con los privilegios de los ricos, pero la realidad es que se convierte en un blindaje para la autoridad, que deja al particular vulnerable y a merced de prácticas abusivas. El amparo nació precisamente para proteger a la gente del gobierno, no al revés.

Al final del día, esta reforma es parte de un proyecto político más grande: ir desmantelando todos los contrapesos que limitan el poder del ejecutivo. Ya le dieron en la torre al Poder Judicial con la elección de jueces, ahora van por quitarte las herramientas para defenderte cuando te quieran chingar. Y todo envuelto en el discurso de la "modernización" y la "justicia expedita".

¿Qué hay abusos del amparo? Seguro. ¿Que algunos abogados lo usan para dilatar? También. ¿Pero la solución es acabar con el amparo como lo conocemos? Definitivamente no. Lo que necesitamos es hacer más eficiente el sistema, no desmantelarlo para que el gobierno pueda hacer lo que quiera sin que nadie lo detenga. Al tiempo.