Primer tramo. Momento y circunstancia

Este 1 de septiembre en curso concluyó, con el envío del informe de gobierno al Congreso, el primer tramo formal del mandato sexenal recibido por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Aún con la super mayoría en las cámaras federales y la buena relación del gobierno federal con los gobiernos locales encabezados por personas que no militan en Morena o en alguna fuerza aliada, en vez de revalorar y retomar al Congreso como espacio propio del régimen y dar a la Nación un mensaje ante esa representación, se optó por refrendar la tendencia a su desvalorización como poder e, implícitamente, la reiteración de que no ejercerá con independencia sus facultades legislativas y de control de la gestión pública.

Así, el discurso con motivo de la presentación del informe fue un acto político propio que abrevó en los precedentes de Fox, Calderón y Peña, pero que se entronca más con el antecedente del expresidente López: el poder, en la sede histórica del poder ejecutivo ante quienes el poder considera lo acompañen, escuchen y, en su caso, vistan, adornen y sean testigos. A todas luces que la propaganda era lo único esperable. Se presenció el ejercicio de las conferencias de la mañana bajo un formato más adecuado; no mejor ni peor, solo distinto para el mismo objetivo.

En la retrospectiva con la cita, cabe recapitular los dos componentes que marcan el momento: (i) la captura de la mayoría de quienes conforman el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lograda en el anterior período presidencial, que le otorgó a Morena y sus aliados del PVEM y del PT más de los dos tercios de la Cámara de Diputados -la corrupción en el Senado se hizo posible por este factor- y la vía para reformar la Constitución sin articular entendimientos y acuerdos con las minorías opositoras en San Lázaro; y (ii) la elección de Donald Trump para un segundo período en la Casa Blanca, habida cuenta la agenda expuesta en campaña y refrendada con enjundia en su discurso inaugural de enero último, particularmente por lo que hace a México.

En lo interno, la polarización excluyente mantiene la ruta política definida, aunque con referencias sin pruebas a que es falso que no haya tolerancia ni disposición a dialogar. En todo caso, la convocatoria del régimen a la reforma electoral despejará cualquier duda; la evidencia de las reformas constitucionales referidas el lunes pasado es contundente. A su vez, se ha culminado el receso que el control de las reformas constitucionales y de las elecciones y sus resultados ha traído para el principio de la separación de poderes.

En lo externo, la amenaza de la arbitrariedad estadounidense está vigente. Es el estilo del 47º presidente de nuestro vecino del Norte; es el fuerte ingrediente electoral de su gestión para mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las votaciones del año venidero; es el componente temático que impulsa Washington y sus repercusiones para nuestro país. En la asimetría, el diálogo con la voluntad de construir acuerdos ha permitido que las concesiones y las cesiones se perciban como compromisos de cooperación y colaboración.

En ambas partes los símbolos y su utilización política son componentes relevantes; migración contenida para atender la reclamación y no hacer polémica de ello, vínculos económicos-comerciales sujetos a las presiones arancelarias como preámbulo a la revisión convenida del Tratado México-EUA-Canadá y presentación de resultados en contra de los carteles de las drogas y la introducción ilegal de psicotrópicos a los Estados Unidos.

Ahora bien, la circunstancia es compleja por la condición de la inevitabilidad de la agenda estadounidense cuando el curso trazado para el cambio de régimen comprende la revisión de los valores y los principios que sustentan el orden jurídico del Estado Mexicano o, puesto en otras palabras, cambiar las ideas rectoras de las conductas que la sociedad aspira a que sean la norma exigible, empezándose por la de mayor jerarquía.

A manera de ejemplo, el más duro: la separación de poderes se anidó en la posibilidad de defender derechos y libertades de las personas frente al monarca que concentraba el poder y las funciones para su ejercicio, vis a vis la expresión mayoritaria del pueblo en la titularidad de las funciones públicas se postula hoy como la mejor posibilidad de defensa de los derechos del propio pueblo. Una es idea para sostener el Estado liberal y otra para avanzar el Estado popular; del primero se reprocha que dejó fuera al pueblo y del segundo que lo hace con las libertades.

Y en la inevitabilidad aludida resalta el señalamiento de la capacidad de injerencia en la sociedad y el Estado mismo de los grupos de la delincuencia organizada más peligrosa. La presión de la agenda estadounidense es el contexto para una tarea propia e inaplazable de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, más allá de los señalamientos de corrupción y complicidades que, desde luego, deben investigarse y, en su caso, sancionarse. Quizás por ello cabe apreciar las acciones que se han emprendido para hacer frente a la inseguridad en dos claves, la del compromiso por hacer eficaz la función esencial del Estado y la del cambio de régimen.

Todo puede contar, pero las denuncias de las debilidades del gobierno mexicano ante los carteles y el significado que tiene o debería tener para Washington no parecerían darse cuenta que ahí -como ha sido costumbre- los intereses difieren de los principios y que la estrategia de seguridad pública y su buen éxito van en la ruta del Estado popular, no del liberal. Ese tipo de denuncias parecen recurrir a lo que la historia ha rechazado y condenado, al tiempo que ante la percepción de la amenaza del vecino se despierta la natural solidaridad esencial de una muy amplia mayoría. En donde piden actuación y éxito parecen no apreciar la dinámica que está más allá del resultado material deseable. Es decir, la arena del reposicionamiento del  Estado liberal no está afuera sino adentro, pasa por la seguridad y requiere compromisos contra la desigualdad.