La aprobación del Paquete Económico 2026 por parte del Congreso de Chihuahua representa un ejercicio de responsabilidad fiscal y visión de Estado que merece ser reconocido y defendido.

La controversia principal giró en torno al incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento, medida que generó la oposición visible del Consejo Coordinador Empresarial y de alrededor de 30 representantes de cámaras empresariales que protestaron con pancartas durante la sesión legislativa.

Primero, contextualicemos la medida. Un incremento de un punto porcentual en el ISN significa que por cada 100 mil pesos de nómina, las empresas pagarán mil pesos adicionales al mes. Es una cantidad significativa para negocios grandes, ciertamente, pero debe evaluarse en función de lo que ese incremento financia. Según datos del gobierno estatal, este ajuste permitirá recaudar aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos adicionales.

¿Para qué? Para sostener sistemas como MediChihuahua, que ha brindado atención médica a más de 306 mil ciudadanos que carecían de servicios de salud; para mantener programas de seguridad en un estado históricamente afectado por la violencia; para garantizar la operación de escuelas y el pago puntual a maestros. Además de generar nueva inversión en obra pública.

¿Es excesivo pedir al sector empresarial que contribuya proporcionalmente más cuando el gobierno ha logrado reducir la pobreza en un 30%, casi el doble del promedio nacional, y cuando la ciudad de Chihuahua se ubica en el sexto lugar nacional en competitividad urbana, precisamente gracias a inversiones públicas financiadas con impuestos?

Finalmente, hay que reconocer el contexto político en el que se aprobó este paquete económico. Maru Campos es una gobernadora del PAN en un país donde el gobierno federal es de Morena. Ha mantenido una relación pragmática pero firme con el centro, coordinando cuando es necesario pero defendiendo la autonomía estatal cuando se requiere. Este paquete económico demuestra que hubo trabajo previo de articulación política, negociación interna dentro de la coalición gobernante y construcción de consensos.

En un entorno político nacional cada vez más polarizado, la capacidad de un gobierno estatal de aprobar su paquete económico sin modificaciones sustanciales impuestas por el Congreso es señal de coordinación efectiva y liderazgo sólido.

El Congreso de Chihuahua cumplió ayer con su obligación constitucional de aprobar el paquete económico antes del 31 de diciembre. Pero hizo más que eso: tomó una decisión políticamente valiente que antepone la sostenibilidad de largo plazo sobre comodidades de corto plazo.

Los resultados de esta decisión se verán no en las reacciones inmediatas sino en la capacidad del estado para seguir ofreciendo MediChihuahua a quien lo necesite, mantener escuelas funcionando adecuadamente, reducir la violencia mediante inversión en seguridad y apoyar a los municipios en sus responsabilidades cotidianas.

Y cuando dentro de unos años Chihuahua siga siendo uno de los estados más competitivos del país, con indicadores sociales en mejoría constante y finanzas públicas sanas, recordaremos que eso fue posible porque en diciembre de 2025 hubo legisladores dispuestos a tomar decisiones responsables y valientes, al tiempo.