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CHIHUAHUA, Chih., 23 de octubre de 2026. — El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, rechazó que exista una traición política hacia el exfiscal general César Jáuregui Moreno y sostuvo que las instituciones tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y respetar los procedimientos judiciales.
“Cumplir la ley no es traición”, expresó el legislador al referirse a los cuestionamientos surgidos dentro del panismo por la situación jurídica que enfrenta Jáuregui, quien está sujeto a investigaciones en los ámbitos estatal y federal.
Chávez Madrid señaló que los servidores públicos tienen responsabilidades legales que deben atenderse independientemente de las relaciones políticas o personales, por lo que consideró necesario distinguir entre el respaldo a un compañero de partido y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
El diputado recordó que quienes desempeñan cargos públicos asumen un compromiso constitucional que debe prevalecer en sus decisiones, particularmente cuando existen procedimientos judiciales en desarrollo.
Respecto a las movilizaciones realizadas este jueves en respaldo al exfiscal, reconoció el derecho de militantes y simpatizantes a expresar públicamente sus inconformidades y diferencias.
Asimismo, sostuvo que dentro del PAN existe espacio para manifestar posiciones distintas, aunque consideró que las controversias partidistas deben procesarse mediante el diálogo y los mecanismos internos.
Las declaraciones se producen en medio de las tensiones políticas generadas por el proceso judicial contra Jáuregui Moreno, quien enfrenta una acusación federal por presunta traición a la patria, además de un procedimiento en la justicia estatal.
El caso ha provocado diversas expresiones de respaldo al exfuncionario y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, mientras continúa el debate entre integrantes del panismo sobre la respuesta institucional y política que debe darse a su situación.
Chávez reiteró que el respeto a la legalidad y al debido proceso debe mantenerse como principio fundamental, sin que ello implique desconocer el derecho de los ciudadanos y militantes a manifestar su solidaridad con el exfiscal.
La responsabilidad penal de Jáuregui deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes, conforme a las pruebas presentadas y a las garantías constitucionales correspondientes.




