INECC, el soporte técnico de la política ambiental mexicana

La discusión de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente puso en la mira temas como la calidad del aire, la biodiversidad, los polinizadores y los mecanismos para prevenir daños ambientales.

Detrás de cada uno de estos temas existe una necesidad común: contar con información confiable para tomar decisiones.

Es ahí donde aparece el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Aunque su nombre es poco conocido en la opinión pública, el Instituto tiene una función coyuntural, generar estudios, datos y análisis que sirvan de apoyo para las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático.

A diferencia de otras instituciones, el INECC no inspecciona empresas, no aplica multas y no otorga permisos. Su trabajo consiste en investigar, medir y evaluar. Entre otras tareas, realiza estudios sobre calidad del aire, emisiones contaminantes, biodiversidad y riesgos asociados al cambio climático.

La información que produce permite conocer con mayor precisión cuáles son los principales problemas ambientales del país y qué alternativas existen para enfrentarlos. También ayuda a evaluar si las políticas implementadas están dando resultados o requieren ajustes.

La propuesta de una nueva legislación ambiental incorpora instrumentos que requerirán seguimiento permanente y evaluación técnica. La Estrategia Nacional de Calidad del Aire, las acciones para la protección de polinizadores o la futura Estrategia Nacional sobre Biodiversidad son algunos ejemplos donde la generación de información será indispensable para medir avances y corregir deficiencias.

Por eso, el papel del INECC cobra relevancia porque aporta elementos para que las decisiones públicas se sustenten en datos y no únicamente en percepciones o criterios administrativos.
La discusión legislativa seguramente continuará enfocada en nuevas facultades, obligaciones y mecanismos de control. Sin embargo, también resulta importante reconocer el papel de las instituciones encargadas de generar conocimiento.

Contar con mejores leyes es importante; contar con información que permita aplicarlas y evaluarlas también lo es.

El reto ambiental de México exige un marco legal actualizado y organismos capaces de proporcionar la información necesaria para respaldar las decisiones que habrán de tomarse en los próximos años.

El INECC sigue operando como organismo descentralizado de la Semarnat y mantiene atribuciones legales para investigación, evaluación de políticas climáticas y elaboración de estudios científicos que apoyen la toma de decisiones ambientales del gobierno federal.

Es de mencionar que el instituto, mantiene investigaciones sobre aumento de temperaturas y eventos climáticos extremos. El norte de México es una de las regiones donde se proyectan mayores incrementos de temperatura en las próximas décadas, con efectos sobre salud, agricultura y disponibilidad de agua

Con base a los escenarios climáticos desarrollados y difundidos por el INECC, Chihuahua se encuentra entre las regiones del norte del país donde se espera un incremento sostenido de las temperaturas durante las próximas décadas, acompañado por olas de calor más frecuentes, más largas y de mayor intensidad.

De hecho, en los documentos elaborados con información del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático del INECC muestran que para finales de siglo algunos municipios del estado podrían experimentar incrementos superiores a 3.5 grados centígrados en la temperatura media, respecto a los valores históricos.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fue creado el 5 de junio de 2012 con la publicación de la Ley General de Cambio Climático, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Fue una de las primeras instituciones especializadas en cambio climático de América Latina y surgió a partir de la Ley General de Cambio Climático de 2012, considerada una de las primeras legislaciones integrales sobre la materia en el mundo. Esto convirtió a México en uno de los países pioneros en establecer un marco legal específico para enfrentar el calentamiento global.