Educación ¿Consenso deseable?

En la polarización excluyente que domina nuestra política la primera víctima es el consenso; la noción misma del acuerdo de amplia base social en la diversidad política para acometer tareas de Estado y propósitos como comunidad nacional. Se extraña más por el entorno internacional y el reacomodo geopolítico; el riesgo de la falta de cohesión entre compatriotas no sólo para ciertos asuntos, sino para su núcleo, aparece en forma recurrente. Los consensos postrevolucionarios fraguaron y fenecieron; los consensos de la transición democrática tuvieron avances, pero no enraizaron ni pervivieron, y la propuesta del movimiento de la “cuarta transformación” no busca los consensos, sino imperar con base exclusivamente en el resultado electoral y la descalificación de lo distinto para nutrir a sus simpatizantes de espíritu combativo y ánimo de reproche a lo distinto.

El gobierno en turno recibió la educación pública y la política educativa en condiciones críticas. Y no me refiero únicamente a la pérdida de la capacidad del Estado para determinar y conducir la política educativa o para asumir la responsabilidad real de las relaciones laborales con el personal docente; perdidas en el tiempo por la integración de las y los maestros sindicalizados al pacto corporativo del Estado postrevolucionario del siglo pasado y el régimen de cogestión abierto en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Me refiero, sobre todo, a la severa dificultad del Estado Mexicano para ejercer sostenidamente en la función educativa los roles de autoridad con atribuciones para lograr metas, de institución con capacidad de ejecución no sujeta al poder del condicionamiento del gremio magisterial (institucional o no) y de espacio democrático legitimador en el desempeño de esa tarea fundamental.

¿En la educación, es posible lograr que la autoridad política, la capacidad administrativa y la legitimidad democrática se refuercen mutuamente? No con cargo a la polarización imperante. Sin embargo, parece indispensable no profundizar en nuestra sociedad la idea de la educación como el campo de la mayor disputa identitaria o la gran batalla cultural. Únicamente se incidiría en mayores riesgos de división y confrontación internas en una cuestión que implica y abarca generaciones, no meros periodos de gobierno. Desde luego, no cabe soslayar que la educación y la política educativa tienen como destinataria a la sociedad. No pertenecen al gobierno ni al personal docente, por más que uno asuma la representación para la gestión pública y otro sea el componente fundamental que da vida a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Si la educación pública es un bien de la colectividad y si el personal docente posee capacidades técnicas, pero no legitimidad política para regir la educación porque su interés es gremial, ante la tensión entre el gobierno y las y los maestros merecería ponerse el énfasis en reconstruir la capacidad del Estado para tomar las decisiones, contar con la capacidad administrativa suficiente para hacerlas realidad y disponer del financiamiento indispensable para ejecutarlas.

Durante la vigencia de nuestra Constitución la educación ha sido una materia ligada a la construcción de la legitimidad estatal; por ejemplo, la legitimidad revolucionaria de 1917, la legitimidad de la transformación social de los treintas, la legitimidad de la unidad nacional de los cuarentas o la legitimidad del Estado modernizador de los noventas. Con menos éxito aparecen las del siglo presente: la evaluadora o técnica (2013) y la participativa restauradora (2019). Imperaron la Revolución, la transformación social, la modernización, la excelencia educativa y la inclusión de los actores del proceso educativo. Cada etapa tuvo, en el fondo, las preguntas de ¿qué sociedad somos? y ¿qué sociedad queremos ser?

Así, cuando estuvo presente el consenso, la educación se discutió con bases y parámetros técnicos; cuando estuvo ausente, se volvió un campo de disputa política y cultural. ¿Consenso en la pluralidad? Desde luego. Obvio. En la polarización no se procura ni, a veces, se desea ver. La polarización daña; quienes reciben el mandato electoral se inclinan por considerar que el resultado les autoriza el monopolio de la definición cultural de la sociedad y quienes disienten tienden a considerar ilegítima toda orientación gubernamental sobre la educación. Así no hay diálogo ni vía para construir acuerdos sobre lo esencial: la política educativa del Estado y su legitimidad más sólida porque atiende la necesidad de la sociedad, que es plural.

Es claro que el pluralismo no podría postular la neutralidad para la política educativa, sino la identificación de los contenidos y objetivos más ampliamente compartidos para la convivencia mejor en la diversidad. ¿Podrían los extremos coincidir en algunos principios? Algunos parecen un espacio común factible: (i) la rectoría del Estado en las autoridades con legitimidad democrática; (ii) la participación de docentes, padres, especialistas, organizaciones sociales y económicas, pero sin otorgarles el poder de obstaculizar la ejecución de la política educativa; (iii) el establecimiento de contenidos y objetivos protegidos ante las oscilaciones en el signo político de la conducción del Estado; (iv) la introducción gradual de los cambios necesarios con horizontes mayores a un período de gobierno, y (v) la evaluación plural con autonomía.

Decisiones para un modelo educativo propio de una sociedad plural donde no se busca formar personas con base en la inclinación gubernamental o de quienes piensan y proponen algo distinto, sino la formación de ciudadanía capaz de convivir pacífica y democráticamente en la diversidad; no aspirar al indoctrinamiento de la unanimidad con el pensamiento propio, sino a la generación de las capacidades para enfrentar y gestionar legítimamente el desacuerdo.

El consenso reconoce que la mayoría tiene la responsabilidad de gobernar, pero que la sociedad es más amplia, duradera y trascendente que la mayoría circunstancial de cada elección. Todo mandato es legítimo, pero limitado y temporal. Construir el consenso en la educación requeriría distinguir fines generales que se comparten, como la identidad nacional, la movilidad social, la igualdad de oportunidades y la ciudadanía democrática, y medios que se discuten y revisan permanentemente, como el modelo administrativo, la curricula escolar, la capacitación docente y la evaluación de los resultados.

La base para dialogar sobre ese consenso está hoy en la Constitución, aún con las reformas sin diálogo y falta de consenso: educación pública gratuita, compromiso estatal con la laicidad, acceso universal a la enseñanza-aprendizaje, igualdad entre los géneros, respeto y promoción de los derechos humanos y formación cívica para la democracia. Sus alcances pueden matizarse, pero como principios son capaces de generar el rango de lo que no se discute para el amplio mosaico político nacional.

La polarización enfrenta, excluye y paraliza. En algún tema de enorme relevancia tendría que explorarse la construcción de los nuevos consensos. No ha sido posible en la seguridad pública. En la educación sería deseable.