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CHIHUAHUA, Chih., 07 de octubre de 2026.-
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El campo entra en la recta final del Gobierno de Maru
Las lluvias recientes mejoraron el panorama de distintas regiones, pero sería un error confundir una buena temporada con la solución de la crisis hídrica de Chihuahua.
El Gobierno del Estado proyecta cerrar 2026 con más de 11 mil horas de maquinaria destinadas a infraestructura agropecuaria, más de 260 presones rehabilitados o construidos y trabajos en cauces de ríos y arroyos de 35 municipios.
A ello se suman perforaciones de pozos y estudios de aforo en Aldama, Camargo, Jiménez, San Francisco de Borja y Saucillo. Estos últimos son especialmente importantes porque permiten conocer cuánta agua puede extraerse sin invertir a ciegas ni comprometer el futuro de los mantos acuíferos.
También existe un dato que ayuda a dimensionar la política rural: entre 2021 y 2026 se han construido o rehabilitado más de 44 mil kilómetros de caminos de terracería.
No son obras que luzcan demasiado en una fotografía. Sin embargo, un camino rural transitable puede reducir costos, evitar pérdidas y permitir que una cosecha, el ganado o los insumos lleguen a tiempo.
La lectura política es clara.
Maru Campos entra en la etapa final de su administración con la necesidad de consolidar resultados fuera de Chihuahua y Ciudad Juárez. La obra rural permite que la presencia del Gobierno estatal sea visible en comunidades donde las grandes inversiones urbanas pocas veces se sienten.
El campo no será un asunto secundario en 2027. Los productores han padecido sequía, incrementos en los costos, problemas de comercialización y reducción de apoyos federales. Ahí existe una ciudadanía que observa quién aparece solamente durante las campañas y quién deja infraestructura funcionando.
La apuesta correcta consiste en transformar la atención de emergencia en capacidad permanente: almacenar agua, conservar caminos y planear técnicamente su aprovechamiento.
Las lluvias dependen del cielo. Prepararse para cuando no lleguen depende del gobierno. En esa tarea, Maru está dejando infraestructura que puede durar más que una temporada.
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La transición pone a prueba lo construido por Marco
René Chavira no tuvo demasiado tiempo para probar la silla de la Presidencia Municipal.
Prácticamente después de rendir protesta ya estaba pasando lista en Seguridad Pública y revisando con Julio César Salas los indicadores y pendientes de la corporación. En su primer día completo sostuvo una reunión con empresarios de Canacintra, dio seguimiento al programa de bacheo y encabezó el inicio del Festival Internacional de la Ciudad.
La agenda municipal continuó sin pausas.
Y quizá esa sea una de las evaluaciones más claras para la administración de Marco Bonilla: saber si el gobierno puede seguir funcionando cuando su principal figura ya no se encuentra en la oficina.
Marco dejó proyectos en ejecución, compromisos presupuestales definidos, áreas con responsables y un equipo que conoce el calendario de las obras. La ciudad no tuvo que esperar una reorganización completa para continuar prestando servicios.
Ese orden administrativo también forma parte de un resultado político.
Bonilla necesita demostrar ahora que su salida no provocará desatención en la capital. La continuidad del Ayuntamiento protege su principal carta de presentación rumbo a 2027: el gobierno que encabezó durante casi cinco años.
René, por su parte, no llega únicamente a custodiar una herencia. Tendrá que tomar decisiones, corregir problemas y asumir el costo de lo que ocurra durante su gestión. La continuidad le ofrece una base sólida, pero también eleva las expectativas.
Su acercamiento inicial con Seguridad Pública y Canacintra deja ver dos prioridades: conservar la tranquilidad de la ciudad y mantener comunicación con quienes generan inversión y empleos.
La transición será exitosa si Chavira logra sostener el ritmo sin renunciar a su propia autoridad. Marco necesita un gobierno municipal que siga dando resultados; René necesita demostrar que puede conducirlo y no solamente administrarlo.
Por ahora, el primer dato es favorable: cambió el alcalde, pero la ciudad no se detuvo.
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La elección se decidirá fuera de los bastiones
La medición de Rubrum fechada el 5 de octubre coloca a Morena con 39.4 por ciento de las preferencias para la gubernatura y al PAN con 37 por ciento. La diferencia de 2.4 puntos confirma que Chihuahua se encamina hacia una elección competitiva.
Pero el dato estatal cuenta solamente una parte de la historia.
El PAN registra 50.3 por ciento en Chihuahua capital, frente a 34.3 de Morena. En Ciudad Juárez, Morena alcanza 51 por ciento y el PAN 21.8. Cuauhtémoc también mantiene una ventaja panista, con 42 por ciento frente a 32.5 de Morena.
Hasta ahí, cada fuerza conserva sus principales territorios.
La elección comienza a volverse interesante en Delicias, donde la diferencia entre Morena y PAN es de apenas ocho décimas; en Camargo, donde los separan 1.3 puntos; y en Parral, donde existe una distancia de solamente dos décimas.
Además, en esos municipios los indecisos alcanzan porcentajes de entre 15 y casi 20 por ciento.
La conclusión no es que Morena ya ganó ni que el PAN se encuentra derrotado. La conclusión es que ninguno puede ganar permaneciendo dentro de su zona de comodidad.
El proyecto encabezado por Marco Bonilla necesitará crecer en Ciudad Juárez y reducir la ventaja de Morena en la frontera. El movimiento de Cruz Pérez Cuéllar tendrá que penetrar Chihuahua capital, Cuauhtémoc y zonas donde Acción Nacional conserva gobiernos y estructuras.
Delicias, Camargo y Parral pueden convertirse en el corredor que defina la elección. Ahí tendrán peso los liderazgos regionales, los sectores productivos y las bases que todavía conserva el PRI.
El 8.4 por ciento estatal priista parece distante de la competencia principal, pero en una elección cerrada puede convertirse en un bloque determinante. Lo mismo ocurrirá con los ciudadanos sin partido y con quienes todavía no deciden su voto.
Las encuestas son fotografías, no sentencias. Esta fotografía muestra un estado políticamente dividido y obliga a los dos proyectos principales a buscar alianzas más amplias.
En 2027 no ganará quien presuma el bastión más grande. Ganará quien consiga construir puentes entre las distintas regiones de Chihuahua.
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Héctor Acosta y la operación real del sistema anticorrupción
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma para armonizar la Ley del Sistema Anticorrupción con la nueva estructura del Poder Judicial.
La modificación reemplaza las referencias al desaparecido Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial y actualiza las denominaciones de los órganos que integran el sistema.
La unanimidad representa una señal institucional positiva. Sin embargo, la reforma también permite recordar que combatir la corrupción requiere mucho más que corregir nombres dentro de una ley.
La efectividad dependerá de la coordinación entre la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, los órganos internos de control y ahora el Tribunal de Disciplina Judicial.
En esa estructura, el auditor Héctor Acosta ocupa una posición fundamental.
Acosta ha planteado la necesidad de corregir vacíos en materia de responsabilidades y garantizar protección jurídica para quienes fiscalizan el ejercicio de los recursos públicos. La propuesta es razonable: un auditor debe responder por sus decisiones, pero también necesita independencia para investigar sin recibir presiones de los entes revisados o de los grupos políticos afectados.
La fiscalización pierde fuerza cuando las observaciones tardan años en resolverse, las instituciones duplican investigaciones o los expedientes se detienen por fallas de procedimiento.
Por eso la armonización aprobada debe traducirse en rutas claras: quién investiga, quién acredita la responsabilidad, quién sanciona y en qué plazo debe hacerlo.
Actualizar la ley ordena el sistema. Proteger la autonomía técnica de Héctor Acosta y garantizar que sus observaciones tengan consecuencias permitirá que ese sistema funcione.
La corrupción no se combate acumulando instituciones. Se combate logrando que cada una cumpla su responsabilidad y que ninguna pueda utilizarse para proteger aliados o perseguir adversarios.
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El ISSSTE lleva la alta especialidad a Chihuahua
El Hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE realizó su segunda implantación de válvula aórtica mediante catéter después de la apertura de su Área de Hemodinamia.
El procedimiento TAVI permite sustituir una válvula dañada sin recurrir a una operación convencional a corazón abierto. Representa una alternativa para pacientes de edad avanzada o con condiciones que incrementan el riesgo de una cirugía mayor.
El avance tiene una dimensión técnica, pero su verdadero valor es humano.
Hasta hace poco, una intervención de esta complejidad podía significar viajar a otra entidad, esperar una referencia o enfrentar gastos difíciles para la familia del paciente. Contar con personal y equipo en Chihuahua reduce esas barreras.
La segunda operación demuestra que la inversión comienza a convertirse en capacidad médica instalada. Ahora el objetivo debe ser que no permanezca como una intervención excepcional, sino que forme parte de un servicio continuo.
Esto requiere presupuesto para insumos, mantenimiento del equipo, capacitación de especialistas y criterios transparentes para seleccionar a los pacientes.
El avance tampoco elimina la demanda de los burócratas federales y maestros por mejores instalaciones y un nuevo hospital del ISSSTE en la capital. Al contrario: demuestra que Chihuahua cuenta con profesionales capaces de realizar procedimientos de alta especialidad y que necesita infraestructura acorde con esa capacidad.
Una sala equipada no representa por sí sola una política de salud. Se convierte en política pública cuando funciona todos los días y está disponible para quien la necesita.
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JMAS enfrenta 64 mil historias detrás de los recibos
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua detectó más de 64 mil cuentas domésticas y comerciales con adeudos.
Para regularizarlas, el organismo puso en marcha “Ahorra es Cuando”, programa que aplicará automáticamente descuentos a quienes reúnan los requisitos.
Los usuarios domésticos podrán obtener, del 15 de octubre al 30 de noviembre, una reducción del 100 por ciento en multas y recargos y del 90 por ciento en el adeudo por agua, drenaje y saneamiento. Los comercios recibirán beneficios diferenciados a partir del 15 de noviembre.
La cifra de 64 mil cuentas refleja algo más profundo que un problema de cobranza.
Detrás de muchos recibos acumulados existen periodos de desempleo, enfermedades, cierres de negocios o familias que dejaron crecer una deuda hasta volverla prácticamente imposible de pagar.
El descuento permite recuperar usuarios y ofrece al organismo la posibilidad de convertir una cartera vencida en ingresos reales. Pero debe aplicarse con reglas claras para no castigar a quienes han pagado puntualmente.
La JMAS estableció que solamente podrán acceder quienes tengan una deuda superior a seis meses y no hayan recibido un beneficio similar durante los últimos 18 meses. Esa restricción ayuda a evitar que los programas de regularización se conviertan en una costumbre.
También será importante informar cuánto dinero se recuperó, cuántas cuentas fueron regularizadas y qué parte de esos recursos se destinará a mejorar la red.
El agua es un derecho humano, pero llevarla hasta cada hogar implica costos de extracción, energía, potabilización y mantenimiento.
La buena política consiste en encontrar el equilibrio: ayudar a quienes verdaderamente no pudieron pagar, recuperar la viabilidad financiera del organismo y reconocer a quienes cumplen regularmente.
No se trata únicamente de limpiar una cartera contable. Se trata de reconstruir la relación entre el servicio público y 64 mil usuarios.




