“MIRA LO QUE HACEN DOMINICAL”

• Maru coloca las instituciones por encima de los afectos
• Dos fiscalías, dos procesos y una obligación: presentar pruebas
• César Jáuregui conserva la presunción de inocencia
• Gilberto Loya: combatir al crimen sin apartarse de la ley
• Mario Vázquez y una señal política difícil de ignorar
• Las lealtades se ponen a prueba dentro del PAN
• Ni linchamiento ni impunidad

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La hora de las instituciones y las lealtades

Hay decisiones que permiten gobernar con comodidad y otras que ponen a prueba el carácter de un gobierno. La detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, pertenece al segundo grupo, porque detrás del expediente judicial existe una larga historia de confianza, responsabilidades compartidas y cercanía con la gobernadora Maru Campos.

César no fue un funcionario circunstancial.

Fue diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PAN cuando Maru Campos ocupaba la vicecoordinación; posteriormente se desempeñó durante cinco años como secretario del Ayuntamiento en las administraciones municipales encabezadas por ella; después fue secretario general de Gobierno y finalmente fiscal general del Estado.

Pocos colaboradores recibieron tantas responsabilidades dentro del mismo proyecto político.

Precisamente por eso, la decisión de permitir que las investigaciones avanzaran adquiere un valor mayor. Resulta sencillo hablar de instituciones cuando se investiga a un adversario. La verdadera prueba aparece cuando el señalado es alguien que formó parte del círculo de mayor confianza.

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Dos fiscalías y dos investigaciones

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra quien hasta abril encabezaba esa misma institución. Le atribuye probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con las actuaciones realizadas durante el operativo de El Pinal, municipio de Morelos.

Gilberto Loya, encargado del despacho de la Fiscalía estatal, colocó el asunto bajo un principio elemental: un buen resultado no justifica violar la ley.

Desmantelar un laboratorio clandestino representa un golpe importante contra la delincuencia. Nadie debería minimizarlo. Pero la eficacia operativa no puede convertirse en permiso para ignorar facultades, protocolos, cadenas de mando o límites constitucionales.

El Estado debe combatir al crimen organizado con toda su capacidad, pero siempre dentro de la legalidad. De lo contrario, una acción aparentemente exitosa puede terminar debilitando a las instituciones que pretendía fortalecer.

El caso adquirió una dimensión todavía mayor con el mensaje de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

La titular de la FGR confirmó la ejecución de una orden federal contra César Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Informó que la indagatoria fue integrada mediante más de cien actos de investigación.

La hipótesis federal sostiene que el entonces fiscal habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio mexicano y participaran en acciones reservadas a las autoridades federales.

La FGR agregó que esas personas habrían acudido en varias ocasiones, sin justificación, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

De acreditarse, las conductas podrían representar una vulneración a la soberanía nacional, al pacto federal y a la distribución constitucional de competencias.

La expresión “de acreditarse” resulta indispensable.

Hasta este momento existen acusaciones ministeriales, no una sentencia. César Jáuregui conserva su derecho a conocer los expedientes, presentar pruebas, controvertir los señalamientos y recibir una resolución de jueces independientes.

La gravedad de las imputaciones no elimina la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia tampoco significa que las autoridades deban suspender una investigación o renunciar a esclarecer lo sucedido.

Existen dos procedimientos diferentes.

La Fiscalía de Chihuahua deberá demostrar los posibles delitos estatales de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La Fiscalía General de la República tendrá que sostener ante un juez federal su señalamiento relacionado con una posible traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La coordinación entre las dos instituciones puede fortalecer las investigaciones, pero no sustituye las pruebas. Cada fiscalía deberá responder por la legalidad de sus actuaciones, la calidad de su carpeta y la claridad de sus conclusiones.

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La audiencia continuará este domingo

Durante la noche del sábado 17 comenzó la audiencia estatal correspondiente a la causa penal.

A solicitud de la defensa, que pidió tiempo adicional para revisar la extensa carpeta de investigación, la continuación fue aplazada durante trece horas y quedó programada para las 9:30 de este domingo 18 de octubre.

César Jáuregui permaneció detenido durante la noche.

El aplazamiento no representa una maniobra irregular ni una concesión política. Forma parte del derecho de la defensa a conocer los elementos que enfrentará ante el juez.

Una Fiscalía que confía en la solidez de su investigación no debe temer a una defensa preparada. Mientras mayores sean las garantías procesales, mayor legitimidad tendrá la resolución judicial.

Hasta ahí están los hechos jurídicos.

La lectura política comienza cuando se observa cómo reaccionaron quienes rodean al Gobierno, al PAN y al propio exfiscal.

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Maru pone a prueba a las instituciones

Maru Campos enfrentó una de las decisiones más complicadas de su administración. César Jáuregui fue durante años uno de sus colaboradores más cercanos, un operador relevante y un funcionario al que entregó responsabilidades de máxima confianza.

Cuando surgieron las dudas alrededor del operativo de El Pinal, la gobernadora impulsó su separación de la Fiscalía para reducir cualquier riesgo de interferencia o sesgo. Aquella determinación permitió que la institución revisara las actuaciones de quien hasta entonces la había dirigido.

Esa decisión adquiere ahora un significado mucho más profundo.

Maru pudo optar por la protección política, el silencio o el cierre de filas alrededor de su antiguo colaborador. No lo hizo. Permitió que la Fiscalía estatal continuara investigando y que las autoridades federales desarrollaran sus propias diligencias.

Eso no significa que la gobernadora esté declarando culpable a César. Significa que decidió colocar la búsqueda de la verdad jurídica por encima de afectos, costos internos y conveniencias electorales.

La decisión también protege al Gobierno de Chihuahua.

Cuando una administración permite que se investigue a uno de sus principales integrantes, evita que la lealtad se convierta en sinónimo de impunidad. Maru no está obligada a condenar a quien fue su colaborador; sí está obligada a garantizar que ninguna cercanía política paralice a las instituciones.

Ahí está la diferencia entre gobernar para un grupo y gobernar para el estado.

Una Fiscalía no demuestra autonomía investigando únicamente a los adversarios. La demuestra cuando revisa a quien la encabezó, respeta sus derechos, documenta las acusaciones y presenta sus elementos ante un juez.

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Mario Vázquez y la fotografía que tomó posición

El caso también comenzó a mostrar las lealtades políticas.

El senador Mario Vázquez acudió a la concentración de apoyo al exfiscal, destacó su arraigo en Chihuahua, pidió que pudiera enfrentar el proceso en libertad y señaló que su presencia obedecía a una relación personal y de compañerismo.

Defender el debido proceso es legítimo. Solicitar que el juez valore el arraigo y las medidas cautelares también forma parte de una discusión jurídica válida.

El problema está en la señal política.

Mario no se limitó a exigir respeto a los derechos desde la responsabilidad de su cargo. Decidió presentarse físicamente en una concentración organizada alrededor de César. Y cuando un senador aparece en una manifestación de esa naturaleza, deja de emitir solamente una opinión jurídica: toma posición dentro de una disputa política.

Una parte importante del crecimiento y de las oportunidades políticas de Mario Vázquez no puede explicarse sin el proyecto encabezado por Maru Campos. Por eso sorprende que, ante una de las pruebas institucionales más delicadas de su gobierno, su primera imagen pública haya sido al lado del grupo que exige la libertad del exfiscal.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está parado Mario?

No se trata de exigir obediencia ciega ni de pedirle que abandone a un amigo. Se trata de congruencia. Puede defender los derechos de César y, al mismo tiempo, respaldar la facultad de la Fiscalía para investigar.

Puede hablar de presunción de inocencia sin debilitar al Gobierno que abrió buena parte de sus oportunidades políticas.

La lealtad no significa encubrimiento. Tampoco consiste en guardar silencio frente a una injusticia. Significa no utilizar una relación personal para desacreditar anticipadamente a las instituciones antes de conocer las pruebas.

Quienes han sido beneficiados por el proyecto de Maru no están obligados a declarar culpable a César. Sí deberían colocarse del lado de la legalidad, la estabilidad del Gobierno y el respeto a la autonomía de la Fiscalía.

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Las consecuencias dentro del PAN

La detención tendrá consecuencias dentro del PAN.

Hará visibles grupos, romperá silencios y obligará a diversos actores a definir si su compromiso principal está con una persona, con una aspiración electoral o con la continuidad institucional del gobierno que representan.

En los próximos días aparecerán más pronunciamientos. Algunos buscarán defender a César desde el terreno jurídico; otros intentarán aprovechar el caso para ajustar cuentas internas o reacomodar posiciones rumbo a 2027.

El PAN deberá actuar con madurez.

Respaldar la legalidad no significa abandonar a un militante antes de ser juzgado. Defender sus derechos tampoco exige atacar a la Fiscalía ni colocar bajo sospecha automática cada actuación de las autoridades.

Sería un error convertir este expediente en una herramienta para acomodar candidaturas, debilitar al Gobierno o adelantar la sucesión. También sería irresponsable que Morena utilizara una acusación individual para condenar anticipadamente a toda la administración estatal.

Las responsabilidades son personales y deben demostrarse con pruebas.

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Ni linchamiento ni impunidad

Maru Campos tiene ahora la oportunidad de acreditar que su gobierno puede enfrentar una crisis sin esconder información, sin intervenir en las decisiones judiciales y sin negociar protección para antiguos colaboradores.

La Fiscalía estatal y la FGR tienen una responsabilidad equivalente: investigar sin filtraciones interesadas, sostener jurídicamente sus imputaciones y evitar que la coyuntura electoral contamine los procedimientos.

César Jáuregui tiene derecho a defender su nombre y su trayectoria. Las fiscalías tienen la obligación de demostrar sus acusaciones. Los jueces deberán resolver con independencia. Y los actores políticos tienen que evitar que una causa penal se convierta en espectáculo partidista.

Chihuahua puede salir fortalecido de esta prueba si demuestra que ninguna amistad está por encima de la ley, pero también que ninguna acusación basta por sí misma para destruir públicamente a una persona.

Ni linchamiento ni impunidad.

Eso significa madurez institucional. Y eso es precisamente lo que Maru Campos puso a prueba cuando permitió que las investigaciones avanzaran, aun sabiendo que frente a la justicia estaría uno de los hombres que durante años ocupó los espacios de mayor confianza dentro de su proyecto.