PAN de Coahuila advierte riesgos para la libertad de expresión por la llamada Ley Antimemes

SALTILLO, Coah., 23 de octubre de 2026. — La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila manifestó su preocupación por la denominada Ley Antimemes, impulsada por Morena y sus aliados, al considerar que las modificaciones legales podrían abrir espacios para restringir la libertad de expresión y la crítica política en redes sociales.

La dirigente estatal panista, Verónica Pérez Herrera, alertó sobre las posibles consecuencias de la reforma, particularmente para ciudadanos, periodistas, caricaturistas y creadores de contenido que utilizan el humor y la sátira para cuestionar decisiones gubernamentales.

El posicionamiento surge después de que la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la legislación federal en materia de propiedad industrial y delitos relacionados con el uso indebido de símbolos oficiales y la difusión no autorizada de obras protegidas.

Entre las disposiciones se contemplan penas de uno a cinco años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la utilización indebida de la identidad gráfica institucional, cuando exista intención de engañar y cometer un ilícito.

La dirigencia panista considera que la legislación debe establecer garantías suficientemente claras para impedir que las disposiciones penales sean interpretadas de manera que afecten expresiones humorísticas, caricaturas políticas o publicaciones críticas contra funcionarios públicos.

Desde el PAN se ha insistido en que la protección de los derechos de propiedad intelectual y el combate a los fraudes digitales no deben traducirse en restricciones injustificadas a las libertades ciudadanas.

Por su parte, el Gobierno federal y legisladores de Morena han rechazado que la reforma tenga como propósito prohibir los memes o perseguir la sátira política.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que las disposiciones buscan sancionar conductas fraudulentas, como la utilización de inteligencia artificial para suplantar la identidad de funcionarios o reproducir comunicaciones oficiales con fines de engaño.

La controversia se concentra en el alcance jurídico de las nuevas disposiciones y en la necesidad de distinguir entre el uso fraudulento de símbolos gubernamentales y las expresiones legítimas de crítica pública.

La reforma también contempla sanciones por la distribución no autorizada de determinadas obras antes de su lanzamiento oficial, como parte de los cambios en materia de propiedad intelectual.

Tras su aprobación legislativa, el dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para continuar el procedimiento correspondiente a su publicación y entrada en vigor.

El debate permanece abierto entre las fuerzas políticas sobre los mecanismos necesarios para combatir los delitos digitales sin afectar las garantías constitucionales de libertad de expresión, información y participación ciudadana.