Cuestionan cambio de postura de Maru Campos ante detención de César Jáuregui

CHIHUAHUA, Chih., 23 de octubre de 2026. — La detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, ha abierto un nuevo debate político sobre la responsabilidad del Gobierno de Chihuahua en los operativos de seguridad realizados con presunta participación de agentes estadounidenses y sobre la postura que ha asumido la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Los cuestionamientos se centran en el contraste entre el respaldo que anteriormente expresó la mandataria a las acciones de seguridad de su administración y la posición adoptada frente a las investigaciones que actualmente enfrenta quien fuera uno de sus principales colaboradores.

Durante los últimos meses, el Gobierno del Estado destacó los resultados de su estrategia de seguridad y la importancia de la cooperación con autoridades estadounidenses para combatir a la delincuencia organizada.

Sin embargo, la detención de Jáuregui, investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de traición a la patria, ha generado interrogantes sobre los niveles de conocimiento, autorización y responsabilidad institucional en las operaciones que dieron origen al procedimiento penal.

Entre los señalamientos políticos destaca la necesidad de esclarecer si las acciones investigadas fueron decisiones exclusivamente operativas de la Fiscalía General del Estado o si formaron parte de mecanismos de coordinación conocidos por otras instancias del Gobierno estatal.

También se plantea la conveniencia de que la administración estatal explique qué información recibió sobre el operativo realizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, y cuáles fueron los canales institucionales utilizados para la colaboración con personal extranjero.

El debate adquiere relevancia debido a que la Fiscalía General del Estado forma parte del entramado institucional de seguridad pública, aunque cuenta con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones.

La investigación federal deberá determinar las responsabilidades individuales que correspondan, sin que la existencia de una acusación contra el exfiscal implique automáticamente responsabilidad penal de otros funcionarios.

No obstante, desde el ámbito político y administrativo, los cuestionamientos apuntan a la necesidad de transparentar las decisiones adoptadas durante el operativo y explicar los alcances de la cooperación internacional.

La controversia coloca nuevamente en discusión la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad y la importancia de mantener una postura pública consistente frente a las decisiones gubernamentales, tanto cuando se anuncian resultados como cuando surgen investigaciones judiciales.

Hasta ahora, las diferencias entre las declaraciones políticas y los elementos sometidos a investigación mantienen abierto el debate sobre quiénes conocieron, autorizaron o participaron en las acciones que hoy forman parte del expediente federal.