Propone Rocío González que el delito de estupro se persiga de oficio

CHIHUAHUA, Chih., 21 de septiembre de 2025.- Con el propósito de establecer que el delito de estupro o la cópula con una persona mayor de quince años y menor de dieciocho años, se persiga de oficio y contemplar agravantes, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) impulsa iniciativa que modifica los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal.

Las agravantes serían cuando exista una diferencia de edad mayor a cinco años o más entre la persona activa y la víctima, se haya entregado dinero, favores, bienes materiales, drogas u otros beneficios con la finalidad de obtener el consentimiento, y la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, incluyendo pobreza, abandono, adicción, violencia familiar o discapacidad, y exista embarazo derivado de los hechos.

El documento, enviado a la Comisión de Justicia, también busca derogar el artículo 263 que dice: “en el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo sino por queja del ofendido o de sus representantes”.

González Alonso expone que la reforma permitirá al Ministerio Público actuar sin necesidad de querella en los casos más graves, asegurando que los responsables enfrenten la justicia y se rompa el ciclo de impunidad que actualmente caracteriza este delito, y elimina el artículo que condiciona la procedibilidad penal a la queja de la víctima.

De esta manera --añade-- el Estado mexicano dará un paso firme hacia la protección real y efectiva de niñas y adolescentes, conforme a los más altos estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, pues tiene la obligación de proteger de forma prioritaria y efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, en particular la violencia sexual.

Argumenta que la reforma permitirá cerrar una puerta estructural a la impunidad en uno de los delitos más invisibilizados, y no busca aumentar penas ni endurecer el derecho penal sin reflexión, sino corregir una omisión que permite la impunidad cuando una menor embarazada o desaparecida ha sido víctima de estupro. La modificación no solo es jurídicamente viable, sino social, ética y humanamente impostergable.

La diputada del PAN puntualiza que durante 2023 se iniciaron 89 mil 253 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en todo el país, lo que incluye estupro, violación, abuso sexual y otros ilícitos afines. Ese número representa un aumento significativo en comparación con años anteriores y evidencia el carácter estructural del problema.