Conferencias presidenciales sin límites ni calidad deliberativa

In memoriam Don Miguel Mancera

A la luz de las opiniones y críticas sobre la consulta gubernamental iniciada en torno al proyecto de Lineamientos para proteger a las audiencias en los medios electrónicos de comunicación social se ha abierto una vertiente importante y rica para la discusión pública: las conferencias matutinas de la titular del poder ejecutivo en el escenario de la comunicación política y social de nuestro país.

Con su precedente en la jefatura de gobierno en el entonces Distrito Federal de 2000-2005, el expresidente López estableció el modelo presente para incidir en la construcción de la narrativa gubernamental y la conversación pública, a partir de la exposición cotidiana de información y comentarios sobre los programas gubernamentales y las políticas públicas a su cargo. Ahora lo han rebautizado como “conferencia del pueblo”, con el propósito renovado de destacar las tareas que desarrollan el poder ejecutivo y la administración pública federal para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas públicas planteadas a la Nación.

Bajo la premisa de que en las conferencias presidenciales hay información, opinión y crítica a quien disiente o controvierte con base en la información de que dispone y su propio criterio, el Partido Acción Nacional, a través de su dirigente y su vocero, ha planteado que sus personas legisladoras presentarán una iniciativa de ley para normar el derecho de réplica en dichas conferencias. En principio no parece una idea susceptible de llegar a buen puerto, y no me refiero a la realidad de los votos de la mayoría de Morena y aliados parlamentarios en las cámaras para que la propuesta no prospere, sino al hecho de que si bien la conferencia presidencial es donde se genera la propaganda del régimen, es un acto gubernamental en la sede del poder ejecutivo y no un espacio de transmisión en un medio electrónico de comunicación social.

En otras palabras, cabe distinguir el debate público entre actores políticos, económicos, sociales y culturales -con ejercicio de cargos o con funciones partidistas y representación cívica o social- y las responsabilidades de los medios de comunicación al ejercer las libertades de difundir información y de expresión de las ideas, así como de honrar el deber de abrir el espacio equivalente a quien precisa o aclara la información y discrepa de las ideas que lo han implicado.

Puede decirse que el derecho de réplica no está restringido a que la información u opinión se expresen en un medio de comunicación, pero ¿dónde, si no en los medios? tiene sentido replicar sobre la discusión de lo transmitido.

Quizás hay un tema paralelo que cabe enunciar; el apetito por la réplica a las expresiones presidenciales está asentado en el capelo del escrutinio de los medios que produce el formato de la conferencia. Salvo excepciones muy destacadas y honrosas, las preguntas de quienes allí participan parecen corresponder a cuestiones meramente informativas o con sesgo hacia la postura gubernamental. No hay realmente un ejercicio periodístico de dialéctica con la encargada de la presidencia o quienes colaboran con ella, aunque algunos demuestren mayor capacidad argumentativa para desarrollar el tema con ánimo de persuadir. Obsérvese algo que ha desaparecido en la abundancia de las conferencias matutinas rutinarias, ¿hace cuánto que una persona con reconocimiento y prestigio en el periodismo no realiza una entrevista a fondo con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo? Ninguna, recuerdo, durante su gestión.

Ahora bien, el planteamiento de la iniciativa anunciada por el PAN ha puesto sobre la mesa, al menos, dos elementos relevantes para la discusión pública: (i) ¿debe existir un régimen específico de garantías para las personas mencionadas o afectadas por las afirmaciones realizadas en los espacios institucionales de comunicación de la presidencia de la República o similares?; y (ii) ¿debe disponerse que cuando una persona servidora pública utiliza recursos presupuestales para intervenir en la deliberación pública, la desigualdad material entre la capacidad de comunicación del gobierno y la de la persona particular hace surgir un deber reforzado de objetividad, institucionalidad y auto contención respecto de quienes sostienen opiniones contrarias? O, frente al uso propagandístico de la conferencia presidencial, ¿qué límites cabría establecer al poder público?

Como sociedad que aspira al funcionamiento democrático de sus instituciones y a la convivencia de la pluralidad con normas claras para impulsar el acuerdo y respetar los disensos, hay dos rutas que parece pertinente observar.

La primera es la de los hechos del aparato de comunicación gubernamental y la desproporción de sus efectos. La conferencia presidencial no es un ejercicio ordinario ni abierto. Quien convoca determina las personas que ingresan y que preguntan; organiza los temas y las presentaciones; responde, comenta y controvierte lo difundido en los medios; utiliza medios gráficos y audiovisuales deliberadamente preparados con la anticipación necesaria; transmite directamente la conferencia por medios oficiales -incluidos los medios públicos de radiodifusión-; y prepara material segmentado y reproduce y difunde ampliamente por los medios públicos, privados y las redes sociales digitales. Aquí hay un amplio gasto público para fijar la agenda y la narrativa. Salta a la vista la desigualdad en este campo entre la presidencia y los demás actores públicos, y más tratándose de una persona en específico, incluso quien tenga relevancia y connotación en la comunicación social.

La segunda es una nueva lectura, no específicamente electoral, del párrafo décimo del artículo 134 constitucional: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social (la conferencia presidencial es el caso), que difundan como tales los poderes públicos…, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social…” Nadie debería pedir que el gobierno federal deje de defender sus políticas -no puede ni debe esperarse que sea neutral- pero es contrario a la Constitución colocar al poder ejecutivo en una posición de supremacía discursiva frente a las personas ciudadanas que lo cuestionan.

Regreso a la pregunta sobre el deber reforzado de objetividad, institucionalidad y auto contención. Es válido y necesario precisar la información y sustentar su veracidad, pero es un exceso hacer descalificaciones personales de quien disiente. El centro de la cuestión sobre las conferencias presidenciales tiene dos componentes: los límites al poder y la calidad de la deliberación democrática. Los excesos en ese espacio desnudan la falta de los primeros y evidencian la carencia de la segunda.