Mira Lo Que Hacen

Mediador entre alcalde y síndica de Parral

La negociación que viene en el Congreso

Sánchez escala protesta contra “Ley Mordaza”

Van 370 mdp para Presupuesto Participativo

Guillermo Ramírez optó por una postura mesurada. El presidente del Congreso fijó posición sin escalar el conflicto entre el alcalde de Parral y la síndica, quien milita –aún- en su mismo partido.

El legislador reconoció que la síndica actúa dentro de las facultades que le otorga el Código Municipal, aunque evitó hacer una defensa abierta. En su lugar, llamó al diálogo y recordó que alcalde, síndica y diputado llegaron al cargo bajo la alianza PRI-PAN-PRD.

Ramírez señaló que la sindicatura tiene atribuciones de vigilancia y fiscalización previstas en la ley, por lo que ese ejercicio debe entenderse dentro del marco institucional.

Sin respaldar plenamente a alguna de las partes, el presidente del Congreso mantuvo una postura de equilibrio y evitó profundizar un diferendo que involucra a actores de una misma fuerza política.

Ya habíamos tocado el tema que la síndica y el alcalde no pueden verse ni en pintura, el munícipe ve el trabajo de ella como un marcaje personal, a tal grado que no la invita a eventos oficiales y Dalila Villalobos ya puso el grito en el cielo.

En alguien debe caber la mesura para dejar la confrontación para aprovechar los meses al máximo; hay quien habla ya de un trienio perdido con la coalición opositora en el poder.

Hablando del Legislativo local, no llegó ayer al Congreso local la iniciativa panista para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado y tras ello la designación de un titular por siete años.

Por supuesto que esto puede ocurrir en cualquier momento y la reforma puede ser entregada en Oficialía de Partes para ser turnada a la Presidencia que encabeza el priista Guillermo Ramírez.

De ahí se turna a Comisiones y, de haber acuerdo político con la bancada morenista que ya tiene una propuesta, se elaboraría un dictamen quizá conjunto para ser discutido en un periodo extraordinario de sesiones cualquier día de agosto.

La ruta parece sencilla para que el estado de Chihuahua se sume a otras entidades del país donde la instancia de procuración de justicia es autónoma.

Por cierto, los abogados colegiados ya levantaron la mano para solicitar sean admitidas sus consideraciones. A ver si les hacen caso. Y es que lograr una Fiscalía realmente autónoma no es cosa menor pues son instancias que suelen ser utilizadas como “garrote político” por el gobernador en turno.

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Pues nadie sabe si realmente el gobierno de Morena está consultando a los mexicanos sobre los lineamientos de los Derechos de las Audiencias para la radio y televisión.

La llamada Ley Mordaza como ha sido calificada por amplios sectores del país pues se faculta al gobierno federal como censor de la información y opiniones en medios de comunicación de la radio y TV, continúa generando polémica.

Hay preocupación entre editores de medios impresos y de plataformas de noticias ante la posibilidad de que también se reglamente su desempeño, tal como lo anunció Claudia Sheinbaum.

En Chihuahua quien dio un paso más en protesta por la ruta que está tomando la 4T en materia de libertad de expresión, es el diputado de MC, Francisco Sánchez.

Ayer acudió a las instalaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para entregar un documento en el que exige de marcha atrás a los lineamientos “al advertir que estas disposiciones pretenden instaurar un mecanismo de censura y control gubernamental sobre los medios de comunicación y los contenidos que reciben los ciudadanos”.

“Morena quiere el control total de medios y redes sociales porque sabe que está perdiendo el debate público, porque sus vínculos con el crimen organizado han salido a la luz y los mexicanos nos estamos dando cuenta de su podredumbre”, declaró.

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La encuesta de El Financiero publicada en su edición de ayer reveló que la Claudia Sheinbaum conserva una aprobación alta, pero la evaluación de su gobierno muestra una brecha considerable entre la imagen presidencial y los resultados en áreas.

Tiene una aprobación del 67 por ciento -el más bajo por cierto en lo que va de su gobierno- y las personas encuestadas le reconocen principalmente los programas sociales.

En economía también mantiene un balance relativamente favorable: 48% califica positivamente su desempeño, mientras que 51% tiene una percepción positiva sobre las revisiones del T-MEC.

El principal punto débil continúa siendo seguridad y combate al crimen organizado.

Apenas 21% evalúa positivamente el desempeño en seguridad, frente a 61% que lo califica negativamente.

En crimen organizado, aunque la opinión negativa disminuyó de 76% a 69% en un mes, sigue siendo ampliamente mayoritaria.

Además, 52% identifica la inseguridad como el principal problema del país.

En corrupción ocurre algo similar: solamente 20% aprueba el desempeño gubernamental y 62% lo desaprueba; además, quienes consideran la corrupción como el principal problema aumentaron de 13% a 19%.

También aparece una señal de desgaste en programas sociales, hasta ahora uno de los principales activos del gobierno.

Su evaluación positiva cayó de 71% en mayo a 65% en junio y 63% en julio: ocho puntos menos en dos meses y su nivel más bajo del año.

La relación con Donald Trump mejora ligeramente: la percepción positiva pasó de 33% a 35%, mientras la negativa cayó de 49% a 40%.

En el T-MEC, aunque 51% mantiene una opinión favorable, la negativa pasó de 34% en abril a 40% en julio.

El 67% de aprobación personal contrasta con apenas 21% en seguridad, 20% en corrupción y una desaprobación de 69% en combate al crimen organizado.

Esa diferencia es políticamente relevante: por ahora, los problemas de seguridad, corrupción y crimen organizado no se traducen proporcionalmente en un deterioro de la aprobación presidencial.

Al menos eso reflejaron las respuestas de la encuesta vía telefónica a 800 adultos en el país, del 13 al 17 y del 22 al 25 de julio pasado.

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Hay programas de gobierno que se mantienen porque la autoridad los impulsa; hay otros que crecen porque la propia ciudadanía los hace suyos, y el Presupuesto Participativo parece haber entrado en esa segunda categoría.

Los 548 proyectos registrados para la edición del próximo año no solo representan una cifra récord, también reflejan que cada vez más vecinos, escuelas y organizaciones entienden que ya no basta con señalar necesidades; ahora también pueden proponer cómo atenderlas.

El dato adquiere todavía más relevancia si se considera que el Municipio de Chihuahua continúa destinando el seis por ciento de su presupuesto de libre disposición a este ejercicio, una proporción que no tiene precedente en el resto de los municipios del estado. Esa decisión permitirá que la bolsa crezca alrededor de un 30 por ciento y ronde los 370 millones de pesos para 2027.

Al final, un gobierno puede decidir en qué gastar el presupuesto. Lo realmente interesante ocurre cuando también decide compartir esa decisión con los ciudadanos. Ahí es donde el Presupuesto Participativo deja de ser un programa y empieza a convertirse en una forma de hacer política.

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