El robot en la tienda y el futuro de las familias de Chihuahua
-César no entiende razones
-Ni Soto ni Falomir se cuadran
-Marco dentro de los 300
-Loya se baja de la contienda
-Nervios por salida de Mérida
Mientras en el PAN aumentan las señales a favor de Santiago de la Peña para la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, César Jáuregui volvió a dejar claro que no se considera fuera de la competencia.
En un nuevo video difundido en sus redes sociales, el exfiscal reivindicó el método utilizado hace cinco años, cuando la medición de perfiles terminó colocando a Maru Campos y Marco Bonilla como candidatos a la gubernatura y la presidencia municipal.
Y es que como lo señalamos en la entrega de ayer, Jáuregui encontró además un argumento para mantenerse en la pelea en las declaraciones de Santiago Taboada, secretario de Acción Política del CEN panista, quien confirmó que, por la importancia de la capital, la decisión estará en manos de la dirigencia nacional a través de una encuesta. Sin embargo, las definiciones del Consejo y el domingo ya más relax con la gobernadora, de plano descartan que Jáuregui sea el candidato.
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Y lo que hizo ruido además fue la declaración de la gobernadora en torno al evento con la militancia del domingo, en el que alzó la mano al secretario de gobierno Santiago de la Peña, lo que fue interpretado como el destape por la alcaldía.
Maru Campos dijo que se trató de un festejo en el que también se tomaron de la mano Marco Bonilla, Daniela Álvarez y Gil Loya, este último ya descartado para un cargo de elección popular.
Total, que, tras las declaraciones de Maru, otros aspirantes como Alán Falomir y Jorge Soto, expresaron por separado que aún no se define la candidatura.
¿Será que Taboada no midió la disputa entre los clanes panistas y para no quedar mal con alguno soltó lo de la encuesta?
Si la decisión del método de selección le corresponde a la gobernadora, todas las señales apuntan a que César Jáuregui está fuera de la jugada.
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A Marco Bonilla últimamente se le están juntando las buenas noticias.
Apenas terminó de recibir una encomienda de peso dentro del PAN estatal y ahora apareció incluido entre los 300 personajes más influyentes de México de Líderes Mexicanos. Nada mal para una semana.
Lo interesante no es solamente aparecer en una lista donde conviven empresarios, políticos, académicos y personajes con influencia nacional. Es el momento en que llega el reconocimiento.
Bonilla lleva meses construyendo presencia fuera de la capital y, mientras en Chihuahua las quinielas políticas ya lo colocan inevitablemente en la conversación de 2027, afuera comienzan también a voltear hacia su perfil y hacia los resultados de la ciudad que gobierna.
Por supuesto, una revista no entrega candidaturas y aparecer entre 300 tampoco gana elecciones.
Pero en política el momento importa. Y cuando los astros empiezan a alinearse, hasta las coincidencias comienzan a parecer señales.
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Sigue en el ambiente político la designación del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, en la Fiscalía estatal o al menos este sería el arreglo con la gobernadora para bajarse de la contienda.
Ayer mismo confirmó que no participará en la contienda electoral de 2027 y señaló que permanecerá al frente de la estrategia de seguridad en Chihuahua hasta el término de la actual administración estatal. Loya Chávez explicó que sostuvo una conversación con la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante la semana pasada, en la que definió su permanencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Loya estaría no solamente lo que resta del sexenio, sino podría colarse como fiscal autónomo 8 años.
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Aún no pasa el impacto político para la 4T por la revocación de la visa a Andy López Beltrán cuando trascendió que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del morenista Rubén Rocha Moya en Sinaloa, dejó la prisión federal de Brooklyn donde permanecía recluido.
Su proceso judicial, sin embargo, continúa abierto y la audiencia prevista para principios de agosto fue aplazada.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones de autoridades estadounidenses por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa.
La imputación sostiene que habría recibido pagos de al menos 100 mil dólares mensuales a cambio de protección e información sobre operativos contra laboratorios y propiedades relacionadas con la organización.
Su puesta en libertad significa que pudo haber negociado con un gobierno norteamericano empeñado en perseguir a figuras de Morena por su probable conexión con la delincuencia organizada, además del huachicol fiscal.




