Presidencia pequeña. Estado débil

CHIHUAHUA, Chih., 10 de mayo de 2026.- A partir de la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, entonces gobernador en funciones de Sinaloa, y su difusión pública, no sólo ha tomado un nuevo derrotero la relación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, sino que la cuestión domina el espacio de la deliberación pública nacional y sus posibles desenlaces permean toda reflexión y consideración de los factores políticos, económicos y de seguridad sobre las eventuales decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias.

A las tensiones provenientes de la determinación estadounidense de subordinar los vínculos binacionales a la consigna de “Make America Great Again” y de la revisión calendarizada del T-MEC, se agrega la imputación de la connivencia del poder ejecutivo sinaloense en funciones a partir del 1 de noviembre de 2021 con la facción dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera en el Cartel de Sinaloa.

Para algunas personas ha resultado sorpresiva la decisión y para otras el momento, pero quizás para nadie ajeno al gobierno y atento a los acontecimientos políticos ha resultado siquiera novedoso el señalamiento del nexo entre el principal imputado, colaboradores y aliados políticos con los llamados “Chapitos”: la participación de integrantes de ese grupo en el proceso electoral local de 2021 para asegurar la victoria de Rocha Moya y el subsecuente clima de impunidad para realizar sus actividades delictivas en la entidad federativa.

La actuación del cartel en las semanas previas a la jornada comicial y en ésta fue ampliamente denunciada y reseñada en los medios de comunicación. También se documentó la intimidación en contra de muchas personas agraviadas para que se abstuvieran de proceder legalmente.

Esos antecedentes han revestido de verosimilitud las imputaciones hechas por la Fiscalía de los Estados Unidos de América en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.