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CHIHUAHUA, Chih., 10 de noviembre de 2026.— La falta de investigaciones con perspectiva de género y las deficiencias en los mecanismos de protección impiden conocer y atender plenamente la violencia contra las mujeres en Chihuahua, advirtió la politóloga Mariela Castro Flores.
La analista señaló que la clasificación de asesinatos como homicidios comunes o hechos relacionados con el crimen organizado puede dejar fuera de las estadísticas de feminicidio las circunstancias de violencia de género que rodean cada caso.
Como ejemplo, expuso que en Ciudad Juárez fueron asesinadas 100 mujeres durante 2025, pero únicamente 17 casos quedaron reconocidos como feminicidios. Consideró que esta diferencia exige revisar las investigaciones y evitar que la clasificación inicial limite el esclarecimiento de los hechos.
Según las cifras nacionales presentadas, Chihuahua cerró ese año en tercer lugar por feminicidios, con 49 registros, detrás de Sinaloa, con 69, y el Estado de México, con 56.
Castro Flores también alertó sobre la expansión territorial del problema, con casos en 15 municipios de Chihuahua durante 2025. Afirmó que la impunidad y la insuficiente protección a las víctimas favorecen la continuidad de las agresiones.
Por ello, pidió evaluar los resultados de la Alerta de Violencia de Género y demostrar que sus medidas se traducen en seguridad, investigaciones especializadas y atención efectiva.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, sostuvo que contar con leyes y reconocer derechos no garantiza que las mujeres puedan ejercerlos sin discriminación ni violencia.
La funcionaria explicó que las agresiones pueden comenzar con conductas de control y manifestarse de forma psicológica, sexual, patrimonial o simbólica antes de escalar y poner en riesgo la vida.
También llamó a fortalecer la respuesta frente a la violencia digital, incluida la creación y difusión de imágenes íntimas manipuladas mediante inteligencia artificial sin consentimiento.
Ambas intervenciones coincidieron en la necesidad de llevar la protección más allá del marco legal, con acciones institucionales que prevengan agresiones, acompañen a las víctimas y permitan acceder a la justicia.




