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Especialistas cuestionan el financiamiento de seis nuevos centros penitenciarios anunciados por el Gobierno de México y alertan sobre posibles sobrecostos y contratos de largo plazo.
Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.—
El anuncio del Gobierno federal sobre la construcción de seis nuevos centros penitenciarios ha generado preocupación entre especialistas en seguridad pública, quienes advierten sobre el riesgo de repetir esquemas de financiamiento utilizados durante la gestión de Genaro García Luna, caracterizados por contratos de largo plazo y elevados costos para el Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 13 de octubre la construcción de seis nuevos establecimientos penitenciarios, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura carcelaria del país.
Sin embargo, especialistas consideran necesario transparentar los mecanismos de financiamiento, contratación y operación de estos proyectos para evitar irregularidades y compromisos presupuestales excesivos.
Advierten sobre contratos con empresas privadas
El investigador en seguridad Carlos Seoane, especialista en temas penitenciarios, señaló que uno de los principales riesgos consiste en recurrir nuevamente a esquemas de prestación de servicios mediante empresas privadas.
Durante la administración de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública federal, se impulsaron contratos para la construcción y operación de centros penitenciarios bajo mecanismos de prestación de servicios.
Estos acuerdos comprometieron recursos públicos durante periodos prolongados, generando cuestionamientos por los elevados costos de operación y mantenimiento.
De acuerdo con especialistas, algunos de estos contratos implicaron pagos considerablemente superiores a los costos habituales de operación de instalaciones penitenciarias públicas.
Gastos millonarios para el sistema penitenciario
Según cifras oficiales citadas en el análisis, en 2025 el Gobierno federal destinó aproximadamente 14 mil 294 millones de pesos para la operación de ocho centros penitenciarios construidos bajo el esquema de contratos de prestación de servicios.
Los compromisos financieros asociados con estos establecimientos han generado preocupación por su impacto sobre el presupuesto federal.
Especialistas señalaron que los costos de estos centros pueden resultar significativamente superiores a los de instalaciones penitenciarias administradas directamente por el Estado.
Exigen transparencia en los nuevos proyectos
Ante el anuncio de las nuevas cárceles, investigadores consideran indispensable que el Gobierno federal informe con claridad sobre las fuentes de financiamiento, los mecanismos de contratación y los costos estimados de construcción y operación.
También plantean la necesidad de garantizar supervisión pública y mecanismos de rendición de cuentas que permitan prevenir irregularidades.
La construcción de nuevos centros penitenciarios responde a necesidades de infraestructura y seguridad, pero los especialistas advierten que su desarrollo debe acompañarse de una planeación financiera responsable.
Seguridad y responsabilidad presupuestal
El debate sobre la ampliación del sistema penitenciario federal también pone sobre la mesa la necesidad de revisar las políticas de reinserción social, las condiciones de internamiento y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La experiencia de administraciones anteriores demuestra la importancia de establecer controles sobre los contratos de infraestructura penitenciaria, particularmente cuando involucran compromisos financieros durante varios años.
Por ahora, el anuncio de los seis nuevos centros abre una discusión sobre el modelo que utilizará el Gobierno federal para financiar su construcción y operación.
El desafío será ampliar la capacidad penitenciaria del país sin reproducir esquemas financieros que puedan representar costos excesivos para las finanzas públicas.




