Escala confrontación entre Maru Campos y Morena

CHIHUAHUA, Chih., 29 de octubre de 2026. — La confrontación política entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y la dirigencia nacional de Morena alcanzó un nuevo nivel, luego de que Ariadna Montiel Reyes anunciara que emprenderá acciones legales contra la mandataria estatal por presuntas calumnias, daño moral y violencia política de género.

El conflicto surgió después de que Campos Galván señalara públicamente a la dirigente morenista por supuestos vínculos con organizaciones del crimen organizado, acusaciones que Montiel rechazó y calificó como carentes de pruebas.

Durante una conferencia de prensa celebrada el martes 27 de octubre, la presidenta nacional de Morena informó que sus representantes jurídicos preparan los procedimientos correspondientes y que evitará mantener una confrontación pública mientras las autoridades competentes analizan el caso.

La controversia también involucra a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó haber sostenido una conversación con la gobernadora sobre los señalamientos contra Montiel y sostuvo que cualquier acusación de carácter penal debe acompañarse de pruebas presentadas ante las instituciones correspondientes.

El conflicto se extiende al proceso electoral de Chihuahua de 2027, debido a que Morena anunció que respaldará las acciones promovidas por Cruz Pérez Cuéllar contra la gobernadora, a quien acusa de intervenir anticipadamente en la competencia política mediante expresiones de apoyo a aspirantes del Partido Acción Nacional.

Montiel sostuvo que Campos Galván ha asumido una postura de promoción electoral que, a su juicio, rebasa las responsabilidades institucionales de una gobernadora.

Otro elemento que incrementó la tensión fue la situación judicial del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, actualmente sujeto a un proceso federal por el presunto delito de traición a la patria.

La dirigente de Morena vinculó políticamente este caso con diferencias internas del PAN y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno de Chihuahua respecto de las operaciones de seguridad en las que presuntamente participaron agentes extranjeros. Sus interpretaciones sobre las motivaciones políticas del caso no han sido acreditadas judicialmente.

Por su parte, la gobernadora ha mantenido una postura crítica hacia Morena y sus dirigentes, en medio de un escenario de creciente polarización rumbo a la renovación del Poder Ejecutivo estatal.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente una resolución judicial sobre las acusaciones entre ambas figuras políticas, ni se han presentado pruebas públicas concluyentes que acrediten los presuntos vínculos delictivos señalados.

La disputa abre simultáneamente frentes políticos, electorales y jurídicos, en momentos en que las principales fuerzas partidistas intensifican sus actividades de organización territorial de cara a 2027.

El enfrentamiento coloca a Chihuahua en el centro de una controversia nacional, donde las acusaciones personales y las diferencias partidistas comienzan a trasladarse a las instancias legales y electorales.

Mientras las denuncias anunciadas siguen su curso, el desafío institucional será garantizar que cualquier señalamiento se investigue con pruebas, respeto al debido proceso y sin comprometer el funcionamiento de las instituciones públicas.