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CHIHUAHUA, Chih., 22 de mayo de 2026.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, expresó reservas sobre la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un mecanismo encargado de revisar posibles nexos entre aspirantes a cargos públicos y grupos del crimen organizado.
El funcionario estatal señaló que la iniciativa debe discutirse ampliamente antes de avanzar, al considerar que podría abrir espacio a decisiones discrecionales y señalamientos sin sustento claro.
De la Peña indicó que, de acuerdo con lo planteado públicamente, la comisión tendría facultades para determinar qué perfiles representan un riesgo, aun cuando no necesariamente se hagan públicos los criterios o elementos utilizados para llegar a esas conclusiones.
Afirmó que existe preocupación sobre la posibilidad de afectar a ciudadanos mediante acusaciones que no estén respaldadas por investigaciones concluyentes, además de que un esquema de este tipo podría utilizarse dentro de disputas políticas.
También consideró contradictorio que una medida de esta naturaleza sea promovida por un gobierno emanado de la izquierda, al recordar que históricamente esos sectores cuestionaban mecanismos de vigilancia o control excesivo desde el poder público.
El secretario general sostuvo que, antes de crear nuevas instancias, el Gobierno Federal debería fortalecer a las instituciones responsables de investigar operaciones financieras y posibles vínculos criminales, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria.
Asimismo, cuestionó que en algunos casos se exijan pruebas formales para actuar contra determinados personajes políticos, mientras que en otros solamente se emiten acusaciones públicas sin consecuencias legales inmediatas.
Finalmente, pidió que el debate se realice de manera abierta y con un análisis profundo sobre los alcances que tendría una medida de este tipo dentro de los procesos electorales del país.