Salida de Iván Ortega del ICHIFE abre interrogantes sobre licitaciones y presuntos cobros a proveedores

Chihuahua, Chih., 31 de octubre de 2026.—

La versión sobre la salida de Iván Ortega del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) coloca bajo atención pública los procedimientos de contratación de obra escolar, ante señalamientos que apuntan a posibles irregularidades en licitaciones, presuntos cobros indebidos a proveedores y eventuales intereses políticos detrás de las adjudicaciones.

Hasta el momento, no ha sido posible confirmar mediante documentación oficial la separación de Ortega, ni localizar una resolución administrativa o judicial que acredite las acusaciones mencionadas.

Los señalamientos plantean interrogantes sobre una institución encargada de administrar recursos destinados a la construcción, rehabilitación y mejoramiento de espacios educativos en Chihuahua.

Uno de los puntos que requeriría esclarecerse es si existieron modificaciones injustificadas en las bases de licitación, condiciones que favorecieran a determinados participantes o solicitudes de aportaciones económicas a cambio de contratos, prácticas que, de acreditarse, podrían constituir faltas administrativas o delitos.

El contexto político también genera preguntas sobre posibles vínculos de funcionarios y exfuncionarios con el proyecto de César Jáuregui. Sin embargo, no existen elementos verificados que permitan afirmar que los contratos del ICHIFE fueron utilizados para financiar dicho proyecto político.

La revisión de información pública confirma que el ICHIFE mantiene procedimientos de contratación durante 2026. Entre ellos figura la licitación ICHIFE-LP-019-2026, cuyo fallo fue programado para el 18 de septiembre, así como la ICHIFE-LP-022-2026, relacionada con trabajos en distintos planteles educativos. La existencia de estos procedimientos no representa por sí misma evidencia de irregularidades. Contrataciones Chihuahua +1

Ante este escenario, resultaría pertinente que las autoridades competentes revisaran los expedientes de contratación, las actas de fallo, los criterios de evaluación y las posibles denuncias presentadas por empresas participantes.

También sería necesario esclarecer las circunstancias de la eventual salida de Ortega, identificar quién asumiría la responsabilidad administrativa del instituto y determinar si existe alguna investigación formal relacionada con su gestión.

La transparencia adquiere especial importancia cuando están involucrados presupuestos para infraestructura educativa, pues cualquier irregularidad comprobada afectaría tanto la confianza de los proveedores como el destino de los recursos públicos.

El asunto central es determinar si existen denuncias sustentadas, contratos cuestionados o investigaciones abiertas, y ofrecer a Iván Ortega y a las autoridades del ICHIFE la oportunidad de responder a los señalamientos.

La documentación oficial y las investigaciones correspondientes deberán establecer si existe responsabilidad individual o institucional. Hasta entonces, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de los señalamientos no comprobados.

Nota editorial: para publicar como hechos la salida de Ortega, la alteración de licitaciones, los presuntos “moches” o su relación con el proyecto político de César Jáuregui, es indispensable contar con confirmación oficial, documentos o testimonios atribuibles y verificables.