ASF investiga contratos por casi 9 mil millones de pesos vinculados al INE y organismos electorales estatales

Detectan posibles irregularidades, triangulación de recursos y empresas con escaso personal que recibieron contratos millonarios; revisión también alcanza a organismos electorales de Chihuahua.

CHIHUAHUA, Chih., 31 de octubre de 2026.—

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación sobre operaciones comerciales de dos grupos empresariales que concentraron 8 mil 870.3 millones de pesos en contrataciones con diversas instituciones públicas entre 2014 y 2026, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales.

Durante la presentación de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que del monto identificado, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La revisión adquiere relevancia para Chihuahua, debido a que la investigación comprende a los organismos electorales de las entidades federativas, aunque hasta el momento no se ha precisado si existen contrataciones irregulares específicas relacionadas con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Entre los principales hallazgos, la ASF identificó empresas que facturaron cientos de millones de pesos pese a registrar menos de cinco trabajadores e incluso compañías sin personal laboral registrado.

También detectó operaciones de subcontratación entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos empresariales, incluyendo casos en los que una empresa ganadora de una licitación contrataba posteriormente a otra que había participado como competidora en el mismo procedimiento.

Otro elemento bajo investigación corresponde a operaciones por 21.3 millones de pesos relacionadas con proveedores vinculados a empresas de facturación cuyas certificaciones fueron revocadas por sus relaciones con compañías identificadas como factureras.

Investigan posibles acuerdos entre proveedores y funcionarios

El titular de la ASF explicó que las investigaciones buscan establecer si existieron mecanismos para limitar la competencia, favorecer adjudicaciones, alterar precios o generar beneficios indebidos mediante relaciones entre proveedores y servidores públicos.

Asimismo, señaló que se identificaron vínculos entre integrantes de los grupos empresariales y funcionarios, lo que obliga a profundizar en el origen, desarrollo y condiciones de las contrataciones.

La investigación abarca las operaciones realizadas durante distintas administraciones del organismo electoral nacional y de las autoridades electorales estatales.

Chihuahua, dentro del alcance nacional de la revisión

En el caso de Chihuahua, el proceso de fiscalización representa un asunto de interés público por la necesidad de garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la organización de elecciones.

La revisión nacional podría permitir conocer si proveedores involucrados en las operaciones identificadas también participaron en procesos de contratación de organismos electorales del estado.

Sin embargo, hasta ahora no existe información pública suficiente para atribuir responsabilidades o señalar irregularidades concretas a funcionarios electorales de Chihuahua.

El alcance de la investigación también plantea la necesidad de revisar los procedimientos de licitación, la capacidad operativa de las empresas contratadas y los mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de los servicios pagados con recursos públicos.

Fiscalización deberá determinar responsabilidades

Hernández Palacios Cardel sostuvo que las investigaciones se desarrollarán bajo criterios de independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso.

Los resultados deberán establecer si las operaciones detectadas constituyen irregularidades administrativas o posibles conductas que ameriten acciones legales.

La ASF también deberá precisar qué empresas participaron, cuáles fueron las instituciones contratantes, los montos correspondientes a cada organismo y la eventual responsabilidad de servidores públicos.

El caso coloca nuevamente bajo examen los mecanismos de contratación del sistema electoral mexicano, en un momento en que las instituciones preparan los procesos electorales de 2027.

Para Chihuahua, la exigencia central será conocer si las operaciones investigadas tuvieron alguna relación con recursos públicos ejercidos en la entidad y, de ser así, determinar su legalidad.

La concentración de contratos no constituye por sí misma una conducta ilícita; será la investigación de la ASF la que determine si existieron irregularidades y quiénes pudieran resultar responsables.