México se desmarca de resolución de la OEA sobre Nicaragua; defiende principio de no intervención

03 de octubre de 2026.-

Ciudad de México.- El Gobierno de México decidió este viernes no acompañar la resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, al manifestar diferencias con los apartados que relacionan la crisis política y de derechos humanos de ese país con riesgos para la paz y la seguridad hemisférica.

La resolución de la OEA solicita a las autoridades nicaragüenses crear condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, liberar a las personas consideradas presos políticos, informar sobre desaparecidos, restablecer libertades civiles y garantizar una administración electoral independiente y observación internacional.

La posición mexicana fue presentada durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, por el representante permanente de México ante el organismo, Alejandro Encinas.

México explicó que su postura se sustenta en los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y el respeto a los derechos humanos.

La Cancillería mexicana planteó que los problemas políticos y de derechos humanos deben diferenciarse de aquellos que constituyen amenazas a la seguridad internacional, y advirtió sobre las implicaciones de convertir conflictos internos en asuntos de seguridad hemisférica.

La posición, sin embargo, no significa que México respalde la suspensión de elecciones en Nicaragua. El gobierno mexicano ha expresado preocupación por esa situación y sostiene que cualquier salida debe buscarse mediante mecanismos diplomáticos y respetando la soberanía de los Estados.

La OEA acordó además establecer un mecanismo para promover el diálogo con Nicaragua y evaluar avances antes de determinar posibles acciones posteriores.

Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, aunque la organización sostiene que el país mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.