Nueva política de Trump podría afectar a casi un millón de migrantes legales

Washington, 18 de septiembre de 2026.- La nueva política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, que amplía los criterios para negar la residencia permanente a quienes utilizan o podrían necesitar beneficios públicos, podría afectar a cerca de un millón de migrantes legales en Estados Unidos.

La medida, conocida como regla de “carga pública”, entró en vigor este viernes y concede mayor discrecionalidad a los funcionarios migratorios para evaluar las solicitudes de green card.

Entre los factores que podrían considerarse se encuentra el uso de apoyos gubernamentales relacionados con alimentación, atención médica, vivienda y asistencia económica. También podrán revisarse las condiciones financieras, de salud y autosuficiencia de cada solicitante.

La política no significa la cancelación automática de las tarjetas de residencia ya otorgadas, pero sí podría complicar las solicitudes nuevas o los procedimientos de ajuste de estatus.

Organizaciones defensoras de migrantes advirtieron que la disposición podría provocar que familias con integrantes ciudadanos estadounidenses renuncien a servicios sociales a los que tienen derecho, por temor a perjudicar sus procesos migratorios.

La administración Trump sostiene que la regla busca promover la autosuficiencia económica de quienes solicitan establecerse permanentemente en Estados Unidos y evitar que dependan de recursos públicos.

Sin embargo, una coalición integrada por 22 estados, el Distrito de Columbia y distintas ciudades presentó demandas para impedir su aplicación. Los gobiernos inconformes argumentan que la política es confusa, amplía excesivamente el concepto de carga pública y podría perjudicar a comunidades migrantes de bajos ingresos.

Una disposición similar fue impulsada durante el primer mandato de Trump, pero posteriormente fue eliminada por el Gobierno de Joe Biden. La nueva versión recupera y amplía algunos de aquellos criterios.

Especialistas recomendaron a las personas con trámites de residencia consultar a un abogado acreditado antes de suspender algún beneficio o tomar decisiones que puedan afectar a sus familias.