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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2026.— Una nueva controversia sobre el manejo de los recursos públicos surgió en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que su Dirección Ejecutiva de Administración solicitara un presupuesto superior a los 2 mil millones de pesos para 2027, cifra que representa un incremento cercano al 120 por ciento respecto de los recursos previstos para 2026.
La propuesta ocurre en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y adquisiciones dentro del organismo electoral, situación que ha provocado exigencias para fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia.
De acuerdo con las cifras expuestas, la Dirección Ejecutiva de Administración proyecta disponer de aproximadamente 2 mil 112 millones de pesos, frente a los 960 millones considerados para 2026.
La solicitud llamó la atención porque esta área concentra funciones relacionadas con la administración de recursos humanos, compras, licitaciones, contratación de servicios y operación financiera del instituto.
El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez cuestionó la magnitud del incremento y consideró necesario explicar detalladamente los motivos que justifican una ampliación de esa dimensión.
También señaló la importancia de revisar la distribución de los recursos para evitar asignaciones que no correspondan con las necesidades reales de operación del organismo.
Por su parte, el consejero Arturo Sánchez Gutiérrez planteó que cualquier modificación presupuestal debe sustentarse en criterios técnicos, especialmente por tratarse de recursos públicos y de una institución encargada de organizar las elecciones federales.
La controversia cobra mayor relevancia debido a las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en adquisiciones y contratos del INE, por lo que resulta indispensable establecer controles que permitan identificar cómo se ejercen los recursos y qué áreas concentran los mayores incrementos.
En este contexto, los cuestionamientos también alcanzan a la gestión encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, ante la exigencia de transparentar las decisiones administrativas y aclarar cualquier señalamiento sobre el uso del presupuesto institucional.
El INE aprobó en agosto su anteproyecto presupuestal para 2027, aunque la asignación definitiva corresponde al proceso legislativo federal. Instituto Nacional Electoral +1
El punto central no es únicamente cuánto dinero solicita el organismo, sino cómo justifica su distribución, qué controles aplica y cuáles serán los beneficios concretos para la organización de los procesos electorales.
La discusión presupuestal ocurre además en vísperas de las elecciones de 2027, cuando el INE deberá garantizar capacidad operativa, imparcialidad, transparencia y confianza ciudadana.