Protestas de trabajadores obligan al OAJ a modificar evaluaciones laborales

**Ceden ante protesta judicial; acuerdan cambiar evaluación de 32

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026.— Las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación llevaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano, a acordar modificaciones al sistema de evaluación de desempeño que comprende a alrededor de 32 mil servidores públicos.

La inconformidad de secretarios, actuarios y oficiales judiciales se centró en el temor de que los resultados fueran utilizados para justificar sanciones o separaciones del cargo, con afectaciones a su estabilidad y trayectoria laboral.

Tras una reunión entre autoridades judiciales y representantes sindicales, se acordó eliminar las disposiciones que pudieran interpretarse como punitivas o dar lugar al despido del personal. También se estableció retirar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por titulares de órganos jurisdiccionales y revisar los criterios que involucren factores de subjetividad.

En las negociaciones participó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. El compromiso contempla que las evaluaciones tengan como propósito mejorar la calidad del servicio y detectar necesidades de capacitación.

El OAJ había sostenido que el ejercicio previsto para diciembre sería exclusivamente diagnóstico y no provocaría la pérdida de plazas. Sin embargo, esa explicación no logró disipar la desconfianza entre los trabajadores, quienes recurrieron a paros, bloqueos y manifestaciones.

Este lunes persistían suspensiones de actividades en distintas sedes, donde el personal exigía que los acuerdos se tradujeran en modificaciones normativas y garantías por escrito antes de reanudar labores.

En redes sociales también circularon llamados a la renuncia de Vargas Solano y acusaciones sobre una supuesta intención de ocupar plazas con simpatizantes de la Cuarta Transformación. Estos señalamientos no están acreditados en la información verificada; el conflicto documentado gira en torno a las evaluaciones y la protección de los derechos laborales.