Revelan contratos millonarios de empresas electorales; Chihuahua aparece con 38 millones de pesos

Contraloría del INE detecta presunta simulación de competencia entre cinco compañías que obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos. Exigen revisar adjudicaciones en organismos estatales.

CHIHUAHUA, Chih., 31 de octubre de 2026.—

Una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral puso al descubierto posibles prácticas de colusión empresarial en la contratación de materiales electorales, con operaciones que alcanzan a organismos locales de distintas entidades, incluido Chihuahua.

Durante su comparecencia ante diputados federales, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas relacionadas mediante socios, representantes y apoderados legales obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.

En el desglose presentado, Chihuahua aparece con contrataciones por 38.16 millones de pesos, vinculadas principalmente con la empresa Cajas Graf.

Las compañías identificadas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.

El funcionario explicó que el presunto mecanismo consistía en presentar cotizaciones artificialmente elevadas para modificar los precios de referencia, simular competencia y favorecer adjudicaciones dentro del mismo grupo empresarial.

Los señalamientos también incluyen posibles sobreprecios, relaciones entre contratistas y deficiencias en la comprobación de capacidades operativas.

La investigación adquiere relevancia después de la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del INE, en medio de cuestionamientos administrativos y revisiones sobre contrataciones.

El OIC informó que mantiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en adquisiciones, cinco de ellos en una etapa más avanzada de análisis.

En Chihuahua, el caso plantea la necesidad de revisar los procedimientos de contratación del Instituto Estatal Electoral, particularmente los montos pagados, las empresas participantes y los criterios utilizados para adjudicar materiales destinados a las elecciones.

Hasta ahora, los contratos señalados no constituyen por sí mismos prueba de daño patrimonial ni acreditan responsabilidades individuales.

Sin embargo, la información presentada ante el Congreso obliga a esclarecer si existieron prácticas que limitaron la competencia y elevaron los costos de organización electoral.

La transparencia en estas adquisiciones resulta fundamental para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana rumbo al proceso electoral de 2027.