Centralizar el agua es romper el federalismo

México enfrenta hoy una reforma que decide mucho más que trámites: define quién tendrá el poder sobre el agua y qué familias podrán seguir viviendo del campo. El Gobierno Federal plantea un modelo donde todas las decisiones, concesiones y registros pasarían a control central, quitando voz a los estados y a quienes trabajan la tierra. En un país con territorios tan distintos —desiertos, sierras, zonas productivas y regiones con escasez extrema— quitar la participación local no solo es injusto: es peligroso.

Actualmente, los productores pueden consultar sus concesiones en un registro público. Eso les permite heredar, invertir, solicitar créditos y tecnificar para ahorrar agua. La propuesta elimina ese modelo transparente y lo sustituye por uno cerrado, donde el gobierno decide quién recibe, renueva o conserva su derecho. La tierra dejaría de valer por sí misma si el acceso al agua queda sujeto a un criterio discrecional. Se pone en riesgo el patrimonio que sostiene miles de familias.

El problema no es técnico ni político: es humano. La reforma no toma en cuenta cómo se produce en regiones donde una noria, una presa comunitaria o una perforación pequeña permiten mantener ganado, regar cultivos o abastecer a comunidades. Si se imponen requisitos imposibles de cumplir o permisos que nunca llegan, esas actividades —que hoy representan supervivencia— podrían volverse ilegales. No se castigaría a los abusos, sino a quienes intentan producir.

Los productores han advertido que esto ya pasa. Muchas familias quedan fuera de trámites porque los requisitos son costosos, burocráticos o imposibles de acreditar, como ocurrió durante años con un programa que exigía estudios técnicos que pequeños productores no podían pagar. Si la nueva ley repite ese camino, miles quedarán fuera antes de siquiera pedir una concesión.

El riesgo no solo es rural. Si el gobierno limita renovaciones, herencias o uso productivo del agua, la producción nacional disminuirá. Menos alimentos significan precios más altos para la leche, la carne, el maíz, los forrajes y la canasta básica. Las decisiones del escritorio de la Ciudad de México afectarían el bolsillo de cualquier familia del país.

Productores, abogados del sector hídrico, asociaciones ganaderas, agricultores y transportistas coinciden en una advertencia firme: una ley que centraliza sin escuchar al territorio terminará castigando a quienes sí trabajan. Por eso se preparan protestas, reuniones nacionales y movilizaciones que buscan una sola cosa: que el agua siga siendo un recurso administrado con responsabilidad, no una herramienta de control.

Esta no es la lucha de un gremio, ni de un partido, ni de un estado. Es una defensa del federalismo, de la producción de alimentos y del derecho de las familias a vivir de su tierra. Centralizar el agua no resuelve el problema: solo concentra el poder. Y el agua, como la libertad, no se entrega. Se defiende.