Primer año: Aprobación e interrogantes

Con la conclusión del primer año del período presidencial 2024-2030 se han hecho públicos los resultados de diversas encuestas de opinión sobre la gestión en marcha. Tomo la realizada por Alejandro Moreno en El Financiero (29.09.2025), en la cual se aprecia la constante del contraste entre la alta aprobación del trabajo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (73 por ciento, con tres puntos más que al protestar el cargo) y, salvo en la valoración -mediciones iniciales en abril y la actual de septiembre- de los programas sociales (75 por ciento en positivo con disminución de 8 puntos), la evaluación en tendencia negativa del desempeño de su gobierno (20 al 43 por ciento en manejo de la economía; 37 al 53 por ciento en seguridad; 61 al 74 por ciento en combate al crimen organizado y 52 al 75 por ciento en corrupción gubernamental).

Se reportan, también, las opiniones sobre los atributos de la titular de la presidencia en series de noviembre de 2024 a septiembre último: honestidad, con ligero descenso de 68 a 64 puntos; liderazgo, con incremento de 65 a 66 y capacidad para dar resultados, con descenso de 61 a 54. A su vez, la consideración sobre los principales problemas del país muestra la disminución de la inseguridad pública (66 a 52 por ciento), el aumento de la economía-desempleo (11 al 19 por ciento) y el apreciable incremento de la corrupción (6 a 20 por ciento).

En las mediciones publicadas se hace la comparativa de la evolución de la aprobación presidencial de sus predecesores al primer año de gobierno, enfatizándose que está por encima del nivel del expresidente López en el período similar: éste arrancó en 77 por ciento y se ubicó en 68 tras 12 meses en el cargo y ella principió en 70 y ha subido tres. Es comparación contra la persona misma en el tiempo y quienes la precedieron en períodos homólogos. Sin embargo, a partir de las mediciones de la opinión de la ciudadanía no habíamos vivido una circunstancia como la actual, donde la sensación de la presencia, aunque en la sombra, e influencia, aunque no reconocida, del exmandatario permeara en forma tan extendida. ¿Alguna encuesta contempló -para consumo propio- cuál es la aprobación que merece su gestión a un año de distancia? E, incluso, ¿cuál es el nivel de simpatía que tiene hoy en nuestra sociedad?

Usted puede estimar que se trata de una consideración maliciosa o, de plano, ociosa. Sin embargo, la aprobación del trabajo de la Dra. Sheinbaum vis a vis la evaluación del desempeño del gobierno a su cargo no puede dejar de vincularse con la generación y difusión de una estrategia de propaganda para construir y cuidar su aceptación y valoración positiva por la ciudadanía, en un escenario donde las personas reconocidas por su calidad de oposición no tienen hoy -por obvias razones- una posición política comparable a la aprobación de la titular de la presidencia.

Las mediciones arrojan una alta calificación para ella, aunque no al desempeño del gobierno, con un descenso en la valoración de su capacidad para dar resultados. En la coyuntura de la encuesta de El Financiero se destaca el componente de la alta calificación dada a su actuación en la ceremonia del Grito de Independencia; una pregunta emblemática.

Para la explicación se pueden aportar elementos más allá del momento inmediato: (i) la hazaña de romper el techo de cristal y ser la primera mujer en ser electa jefa del Estado Mexicano; (ii) la simpatía natural que merece por hacerle frente al presidente estadounidense, con el reverso aprovechable de que Donald Trump sea la persona pública que concita el más alto rechazo de la ciudadanía mexicana; (iii) la certeza de las personas beneficiarias de los programas de transferencia de recursos a grupos sociales de mayor vulnerabilidad, aunque la universalidad de la pensión para adultos mayores puede llegar a quienes no requieren del subsidio para tener o completar sus ingresos necesarios; y (iv) la conciencia, comprendida y extendida a lo largo de sectores y grupos conforme a sus actividades políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales, de las difíciles y complejas condiciones en las cuales recibió los asuntos a cargo del poder ejecutivo: enclaves en tareas relevantes para gobernar; finanzas públicas comprometidas por la estructura del gasto y el déficit presupuestal; deterioro grave de las capacidades para satisfacer las obligaciones en materia de salud y educación; expansión de la delincuencia organizada, con cifras récord de homicidios dolosos y desaparecidos, y corrupción no sólo rampante, sino estructurada con la presunta participación de personas del círculo cercano, niveles altos y funciones a cargo de quienes afirmó eran garantía de integridad por su formación en las Fuerzas Armadas.

Así, el reto de ejercer el cargo presidencial no es con relación a la densidad y el atractivo de las oposiciones, sino al interior del movimiento que se refrendó en el gobierno con los comicios de 2024 y los dos bandos más distinguibles, aunque cada uno presente mosaicos propios.

Si bien los hechos de corrupción aludidos son la quiebra moral del movimiento político formalmente heredado por la Dra. Sheinbaum y deberán desenvolverse las investigaciones y sus consecuencias, la profundidad de lo denunciado presenta la dicotomía entre actuar sin más límite que la ley, o no hacerlo y dejar espacios a la impunidad que se asumirían como encubrimiento o, peor aún, complicidad. Sólo lo primero puede restaurar autoridad moral, al tiempo de afirmar mando y liderazgo. Es la circunstancia actual de nuestra política al más alto nivel.

Regreso a la consideración maliciosa. Desde la postulación y a lo largo del camino, sobre la base de la valoración de la persona indispensable, se ha hablado del uso de la revocación del mandato para amedrentar. Con independencia de los defectos e inconsistencias de la figura y de la forma en la cual se incorporó a la Constitución, presenta el escenario del amago sin sentido o del suicidio del partido en el gobierno. ¿Un bloque contra otro en una sociedad polarizada con “los otros”? ¿En el calendario normado hoy para votar en marzo-abril de 2028, cuando falta resolver la renovación de la Cámara de Diputados y las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas? ¿En 2027, previas modificaciones constitucionales y legales a cargo de la reforma electoral que se avecina?

De nuevo la cuestión política o el control sobre la narrativa, las acciones contra la impunidad y el instrumento del amago.