Denuncias por presuntos abusos militares en Durango

DURANGO, Dgo., 14 de julio de 2026.- Lo que inició como uno de los despliegues federales más contundentes contra el crimen organizado en Durango ha comenzado a enfrentar cuestionamientos por presuntas violaciones a derechos humanos.

A un mes del arribo de más de 700 elementos de élite del Ejército Mexicano, organizaciones civiles y víctimas han documentado cerca de un centenar de denuncias por homicidio, tortura, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, casos que ya son investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD).

El operativo comenzó el 10 de junio, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó en la capital duranguense al grupo especial “Murciélagos”, especializado en operaciones tácticas contra organizaciones criminales.

En los días siguientes se incorporaron los grupos “Perrazos”, enfocados en patrullajes urbanos, así como otro contingente especializado en cateos y aseguramiento de inmuebles, respaldado con vehículos blindados tipo “Rino”.

En menos de una semana la presencia militar alcanzó aproximadamente 700 efectivos, quienes concentraron sus acciones contra “Los Cabrera”, organización criminal identificada por autoridades y fuentes locales como una de las principales estructuras delictivas con presencia en la capital del estado y municipios cercanos.

Un operativo que modificó el panorama de seguridad

Durante las primeras semanas del despliegue, las autoridades reportaron diversos aseguramientos de armas de alto poder, vehículos de lujo, dinero en efectivo y detenciones de presuntos integrantes de la organización criminal.

Vecinos de distintas colonias también señalaron cambios visibles en el entorno. Relataron una disminución en la circulación de camionetas de lujo sin placas, escoltas armados y motociclistas utilizados presuntamente como “halcones” para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad. Incluso, la presencia de los grupos especiales fue recibida inicialmente con aceptación por parte de diversos sectores sociales, que reconocían una mayor presencia de autoridades en las calles y una disminución en actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

De la percepción de seguridad a las denuncias

Sin embargo, conforme avanzaron los operativos comenzaron a surgir testimonios de personas que denunciaron haber sido víctimas de presuntos excesos durante las intervenciones militares.

De acuerdo con información recopilada por organizaciones civiles y presentada ante organismos defensores de derechos humanos, actualmente existen cerca de cien expedientes relacionados con el actuar de elementos castrenses desplegados en Durango.

Las denuncias incluyen presuntos casos de homicidio, tortura, amenazas, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y uso excesivo de la fuerza.

Cuatro casos documentados

Entre los expedientes presentados ante la CNDH destaca el correspondiente al homicidio de Arturo Pérez Deras, trabajador de oficio yesero. De acuerdo con la denuncia promovida por sus familiares, el 27 de junio fue interceptado junto con otra persona por un grupo de militares en la colonia Lázaro Cárdenas. Según el testimonio, ambos fueron golpeados y, cuando Pérez Deras intentó escapar, recibió disparos que le provocaron la muerte.

Los denunciantes sostienen que los elementos abandonaron posteriormente el lugar.

Otro de los casos corresponde a Alexis Antonio Morán, de 19 años, quien denunció haber sido retenido por un grupo de personas armadas, golpeado con un bat y trasladado con el rostro cubierto mientras era amenazado para obtener información.

El joven afirmó haber sufrido una fractura en una pierna y diversas lesiones. En un tercer expediente figura Juan Manuel Hernández Atilano, quien denunció presuntos actos de tortura, amenazas, abuso sexual y lesiones.

Según su declaración, fue perseguido por militares, detenido, esposado y golpeado dentro de una unidad oficial, donde además habría sufrido agresiones con objetos contundentes antes de ser abandonado desnudo en las inmediaciones de la carretera libre a Mazatlán.

También se encuentra el caso de Cristian Adrián Luna Rojas, quien aseguró haber sido retenido por soldados, trasladado a las inmediaciones de la Presa del Hielo, sometido a golpes, amenazas y diversas agresiones físicas antes de ser arrojado al agua.

Señalamientos contra un mando militar

De acuerdo con los testimonios recabados por organizaciones que acompañan a las víctimas, varios de los operativos eran encabezados por un teniente identificado únicamente con el apellido “Reyes”, a quien los denunciantes ubican como integrante de los grupos especiales desplegados en Durango.

Las personas afectadas solicitaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revisar la actuación de los elementos participantes y garantizar que las investigaciones avancen de manera imparcial.

Sin postura oficial de Sedena

Hasta el cierre de esta información, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido un posicionamiento público sobre las denuncias presentadas ni informado si existe alguna investigación interna relacionada con los hechos señalados.

Mientras tanto, los expedientes continúan su curso tanto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, organismos que darán seguimiento a los casos para determinar si existieron violaciones a derechos humanos durante los operativos federales implementados contra la delincuencia organizada en la entidad.

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