Mira Lo Que Hacen

Heridas invisibles de Víctor Hugo

¿Ya pactaron Jáuregui- De la Peña?

César caballeroso, Loera se deja querer

No sacará Morena encuestas, por ahora

Alerta por nueva “ley censura”

La historia del policía jubilado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Víctor Hugo N. G., no comenzó cuando fue detenido por los daños a negocios de la ciudad que hoy lo mantienen en prisión preventiva.

Comenzó años atrás, cuando era uno de esos policías de la vieja escuela que hacía trabajo de calle, investigaba y se vestía como pandillero para obtener información. Encabezó la unidad antipandillas y, como muchos agentes de su generación, vivió de cerca los años más violentos que enfrentó Chihuahua a partir de 2008.

Sobrevivió a un atentado en la colonia Chihuahua 2000, donde recibió ocho impactos de bala. Tras ese episodio fue reasignado a labores administrativas y tiempo después llegó su tiempo de jubilarse.

Más adelante creó "Lobo Solitario", un espacio en redes sociales desde el que cuestionaba y exhibía aspectos de la Policía Municipal.

En México se habla poco de las secuelas que deja una carrera marcada por homicidios, persecuciones, amenazas y atentados. Menos aun cuando el policía deja de portar el uniforme.

Independientemente de lo que determine un juez sobre las acusaciones que enfrenta, el caso deja un pendiente: la salud mental de quienes integran las corporaciones de seguridad.

El trastorno por estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y otros padecimientos están ampliamente documentados entre policías y militares en distintas partes del mundo.

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Nos dicen que la charla de la semana pasada entre Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno y el ex fiscal César Járegui, fue el inicio de una posible negociación en los tiempos y formas en torno a la alcaldía capitalina.

Y es que ya fueron notificados sobre cómo se darán las cosas pues ambos buscan la candidatura y aparecen mejor posicionados en las encuestas y en los afectos de los niveles donde se toman las decisiones.

Así pues, el ex fiscalazo iría por la ruta rápida al Congreso del Estado donde coordinaría la fracción parlamentaria del PAN y Santiago como candidato a la alcaldía.

La versión tiene lógica, pues semanas atrás Jáuregui habría sido notificado en Palacio de Gobierno que no hay obstáculo alguno para que busque la nominación, pero, pero, que “en política hay decisiones que deben respetarse”.

De lo acordado entre ambos aspirantes no tenemos los detalles. Pero el tema central fue la ruta a seguir y muy pronto habrá señales, según nos comentó la fuente.

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Por cierto, ayer el fiscal César Jáuregui, ofreció una disculpa pública a la diputada local de Morena, Brenda Ríos, luego de que uno de sus simpatizantes cubriera una barda con propaganda de la legisladora para colocar el nombre del aspirante panista a la alcaldía de Chihuahua.

En sus redes sociales, Jáuregui señaló que el hecho no fue instruido por él y manifestó su respeto a la actividad política de la diputada y carta fuerte de Morena a la presidencia municipal de Chihuahua.

Jáuregui informó que buscaría contactar personalmente a Brenda Ríos para reiterarle la disculpa pues en la actividad política debe prevalecer el respeto tanto en las formas como en el reconocimiento de la legitimidad de los actores políticos, y afirmó que ese es el compromiso que busca mantener.

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Ya en las tribus panistas se diseminó la duda si Rafa Loera juega al inocente, presiona o de plano se ha dejado convencer por el empresario Sahir Rentería para que aporte su talento y seguidores, al proyecto de Morena para arrebatarle la alcaldía de Chihuahua al Partido Acción Nacional.

Una vez que sus posibilidades de lograr ser el candidato panista se redujeron tras ser despedido de su cargo como secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera fue visto en un recorrido por colonias organizado por Sahir Rentería.

El empresario ferretero aspira a un cargo de elección popular postulado por Morena.
Habrá que seguirle la pista al joven político panista, en una de esas hasta da el chapulinazo.

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Ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que el partido no dará a conocer la fecha en que realizará las encuestas para definir las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación, esto es, las candidaturas a las 17 gubernaturas.

Indicó que Morena tiene como plazo hasta diciembre para aplicar estos ejercicios y que los resultados se darán a conocer en fecha indeterminada hasta el momento.

Diversas voces al interior de Morena nos han confirmado que el Partido realiza diversas mediciones y que las del proceso interno de elección, servirán como cruce de información para la toma de decisiones.

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Ayer la presidente Claudia Sheinbaum presentó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y anunció que podría extenderse a la prensa escrita y plataformas digitales de información.

Hablamos de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones o “ley censura” como también ha sido calificada, la cual sancionará a las empresas de radio y televisión que no atiendan los derechos de las audiciencias.

A pesar de que en México están garantizados el derecho a la libertad de expresión responsable y el de réplica, el gobierno de Morena iniciará una consulta pública para que “el pueblo” defina.

Igual de preocupante para la libre manifestación de las ideas y el ejercicio del periodismo, es el anuncio de la propia doctora Sheinbaum de incluir en el mismo menú de sanciones a la prensa escrita y plataformas digitales.

Es sabido que existen antecedentes internacionales de regulaciones sobre medios de comunicación con el argumento de proteger a las audiencias o combatir la desinformación.

En países con regímenes autoritarios o con bajos niveles de libertad de prensa, como Rusia, Venezuela, Nicaragua o China, los gobiernos han establecido organismos reguladores con amplias facultades para sancionar medios por conceptos como "información falsa", "desinformación" o contenidos contrarios al interés público.

Diversos organismos internacionales han señalado que esas figuras, cuando carecen de criterios objetivos e independencia institucional, pueden utilizarse para ejercer censura indirecta y limitar el debate público.

El debate no es únicamente si deben existir sanciones, sino quién las impone, bajo qué criterios objetivos, con qué garantías procesales y qué tan amplia es la facultad del Estado para calificar el contenido informativo de los medios.