Apenas 25% de tierras agrícolas podrían sembrarse en 2027; presas de Chihuahua siguen en niveles críticos
Más de mil 417 millones de pesos presentan irregularidades en su registro financiero; las observaciones ponen bajo revisión el manejo de recursos destinados al financiamiento agropecuario.
Chihuahua, Chih., 01 de noviembre de 2026.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por mil 419 millones de pesos en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, organismo vinculado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los resultados de la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.
El informe señala que aproximadamente mil 417 millones de pesos fueron registrados como recursos ejercidos sin que se identificaran adecuadamente los movimientos financieros, las erogaciones y las operaciones correspondientes en distintas áreas del organismo.
Ante estas inconsistencias, la ASF emitió dos pliegos de observaciones y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, con el propósito de que se aclaren las operaciones y se determinen posibles responsabilidades de servidores públicos.
Las irregularidades adquieren especial relevancia para estados con una importante actividad agrícola y ganadera, como Chihuahua, donde el acceso al financiamiento constituye una herramienta fundamental para sostener la producción, modernizar infraestructura y enfrentar condiciones adversas como la sequía.
El señalamiento del órgano fiscalizador también abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y control de los recursos federales destinados al desarrollo del sector agropecuario.
Mientras productores de diversas regiones enfrentan dificultades para obtener créditos accesibles, las observaciones sobre el manejo de cantidades millonarias evidencian la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre las instituciones encargadas de canalizar recursos al campo mexicano.
Sin embargo, el monto observado todavía no representa un daño patrimonial definitivo ni acredita por sí mismo la comisión de delitos. Corresponderá a las autoridades competentes revisar las aclaraciones, documentación y procedimientos derivados de la auditoría.
En Chihuahua, donde las actividades agrícolas y ganaderas forman parte esencial de la economía regional, resulta especialmente importante conocer si estas irregularidades tuvieron alguna repercusión en la disponibilidad de financiamiento para los productores.
La fiscalización federal deberá avanzar hasta esclarecer el destino de los recursos observados, identificar eventuales responsabilidades y garantizar que los fondos públicos cumplan con su finalidad de fortalecer la producción agropecuaria nacional.




