“MIRA LO QUE HACEN”

• Maru coloca la responsabilidad institucional por encima de los afectos
• Marco escucha a las regiones y deberá cuidar a quienes se incorporen
• Sáenz y Ortega: lo relevante no es a quién son leales, sino qué deben explicar
• El T-MEC se negocia lejos, pero Chihuahua arriesga empleos e inversiones
• El Hospital Universitario comienza pequeño, con posibilidades de crecer

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Maru: la confianza pública exige decisiones difíciles

Maru Campos dejó una definición necesaria para su gobierno: ninguna relación política puede estar por encima de la ley ni de la responsabilidad asumida ante los chihuahuenses.

El mensaje tiene fuerza porque las investigaciones alcanzaron a personas que recibieron cargos de máxima confianza. Defender la legalidad frente a un adversario resulta sencillo; permitir que las instituciones revisen el comportamiento de antiguos colaboradores exige mayor carácter.

La gobernadora optó por mantener funcionando al Estado, reorganizar la Fiscalía y dejar que sean los procedimientos los que determinen responsabilidades. Con ello protege al Gobierno de una práctica que históricamente ha causado mucho daño: convertir la lealtad política en impunidad.

Quienes recibieron una encomienda de Maru también obtuvieron mando, presupuesto e información. Su obligación era actuar dentro de sus facultades, respetar las cadenas institucionales y mantener informada a la titular del Ejecutivo.

Si alguien tomó decisiones por fuera de esos límites, deberá responder individualmente. Las instituciones no pueden cargar indefinidamente con las conductas de cada funcionario.

La posición de Maru también manda un mensaje al PAN. La congruencia obliga a exigir el mismo estándar para aliados y adversarios. Un gobierno humanista debe respetar la presunción de inocencia, pero también garantizar que ninguna relación personal detenga la búsqueda de la verdad.

Maru está asumiendo costos internos para preservar la confianza pública. Esa decisión fortalece su liderazgo: los afectos pueden permanecer en el ámbito personal, pero el ejercicio del poder exige cuentas claras.

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Marco: escuchar, ordenar y saber a quién abrirle la puerta

Marco Bonilla mantiene una agenda territorial intensa. En la región centro-sur reunió planteamientos de 13 municipios, donde el agua, la tecnificación del campo y la agroindustria ocuparon una parte central de las conversaciones.

También dialogó con productores, empresarios, ganaderos, representantes de la salud, académicos, sindicatos y más de 200 universitarios. Después llevó su recorrido al noroeste para reunirse con integrantes de la comunidad menonita.

Los encuentros le permiten reconocer que cada región enfrenta problemas distintos. El centro-sur demanda certidumbre hídrica; Cuauhtémoc necesita energía, conectividad y servicios médicos; la Sierra requiere caminos y atención básica; la frontera exige infraestructura industrial y urbana.

Escuchar es un buen comienzo. El valor político llegará cuando esas demandas se conviertan en prioridades, presupuestos y compromisos medibles. Una plataforma estatal no puede ser un catálogo de peticiones: necesita explicar qué se hará primero, cuánto costará y qué autoridad deberá ejecutarlo.

Los recorridos también atraen a personajes que buscan incorporarse al proyecto. Ahí Bonilla necesita aplicar filtros.

Una fotografía no equivale a un nombramiento, pero comunica cercanía. Por eso la aparición de Francisco “Pancho” Sáenz durante una actividad en Cuauhtémoc generó preguntas sobre el papel que pretende desempeñar.

Marco puede sumar experiencia y estructuras regionales. Lo que no le conviene es recibir personajes que todavía tengan responsabilidades públicas pendientes de explicar.

Su proyecto debe ser un espacio para construir propuestas, no un refugio para quienes busquen reposicionarse sin rendir cuentas. La amplitud fortalece cuando se acompaña de claridad; sin ella, cada adhesión puede convertirse en una carga.

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Sáenz y Ortega: la información vale más que las demostraciones de lealtad

Francisco Sáenz y Luis Iván Ortega han sido identificados políticamente con el grupo cercano a César Jáuregui. Ahora, mientras el exfiscal enfrenta procesos judiciales, ninguno se ha colocado públicamente entre quienes participan en las manifestaciones de respaldo.

Esa ausencia no demuestra una traición. Ningún servidor público está obligado a asistir a concentraciones ni a defender personalmente a un antiguo jefe. El silencio puede responder a prudencia jurídica, responsabilidad institucional o cálculo político.

La pregunta relevante es otra: ¿qué saben y qué hicieron desde los cargos que ocuparon?

Pancho y la transición de la Fiscalía

Sáenz fue vicefiscal durante la gestión de Jáuregui y recibió el despacho después de su renuncia, el 27 de abril. Permaneció al frente hasta la llegada de Gilberto Loya, el 9 de octubre.

Durante ese periodo, Guillermo Arturo Zuany presentó su renuncia y comenzaron a revisarse las omisiones relacionadas con El Pinal. Zuany entregó su separación el 12 de mayo ante la gobernadora y el propio Sáenz. Meses después fue librada la orden de aprehensión en su contra.

Esto no acredita una irregularidad de Pancho, pero lo convierte en una pieza importante para reconstruir la transición.

Debe conocerse qué información recibió, qué revisión interna ordenó, qué documentos resguardó, qué comunicó a Maru Campos y qué entregó a Loya.

La discusión no debería reducirse a establecer si continúa siendo leal a César o si decidió abandonarlo. En el servicio público, la lealtad principal debe estar con la institución.

Informar sobre una irregularidad no es traicionar a quien otorgó una oportunidad política. Es cumplir con la ley.

Maru reconoció el trabajo de Sáenz y le pidió permanecer en la Fiscalía; Loya informó que continuaría como asesor. Esa confianza institucional le permite aportar claridad mediante informes, actas y documentos.

Antes de asumir cualquier responsabilidad dentro del proyecto de Bonilla, le conviene explicar públicamente el balance de su paso por la conducción de la Fiscalía.

Ortega y la necesidad de cerrar cuentas

Luis Iván Ortega dirigió la Universidad Tecnológica de Paquimé y posteriormente fue nombrado titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

Las versiones sobre su salida del ICHIFE son contradictorias. Unas hablan de separación; otras lo colocan cerca de una estructura electoral. La falta de una comunicación oficial alimenta especulaciones que podrían evitarse con una explicación directa.

Durante su etapa en la Universidad Tecnológica de Paquimé se presentaron señalamientos sobre obras por aproximadamente 8.4 millones de pesos. Una denuncia solicitó revisar los procedimientos utilizados para un gimnasio, una barda y la pavimentación de un estacionamiento. Hasta ahora no existe una resolución firme que permita declararlo responsable.

Su paso por el ICHIFE también debe cerrarse con una entrega-recepción completa: contratos, anticipos, modificaciones, obras pendientes, proveedores y recursos comprometidos.

Si todo se encuentra en orden, la documentación lo protegerá. Si existen observaciones, deberán atenderlas los órganos competentes.

Bonilla necesita saber qué aporta cada persona que pretende incorporarse y qué asuntos deja detrás. Ni la cercanía con Jáuregui demuestra culpabilidad ni el ingreso a un nuevo proyecto funciona como certificado de buena conducta.

La regla debe ser sencilla: quien tenga información relevante debe entregarla; quien enfrente cuestionamientos debe responderlos; y quien tenga cuentas claras podrá contribuir sin convertirse en un costo político.

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T-MEC: Chihuahua debe prepararse antes de conocer el acuerdo

México mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre aranceles, reglas de origen, energía y condiciones comerciales. Para Chihuahua, el resultado puede modificar inversiones, costos de producción y oportunidades laborales.

Durante el segundo trimestre de 2026, el estado concentró 25.1 por ciento de las exportaciones nacionales y registró un crecimiento anual de 87.3 por ciento. Una de cada cuatro exportaciones contabilizadas por las entidades federativas salió de Chihuahua.

La entidad cuenta además con cerca de 498 establecimientos IMMEX y más de 367 mil empleos vinculados con la manufactura de exportación. Detrás de esas cifras hay familias que dependen de la estabilidad comercial de Norteamérica.

Chihuahua no puede esperar pasivamente la conclusión de las negociaciones. Necesita identificar empresas y empleos expuestos, insumos importados que puedan sustituirse y proveedores locales capaces de incorporarse a las cadenas productivas.

También debe preparar escenarios frente a posibles cambios en las reglas de origen y en los aranceles sobre acero, aluminio, vehículos y componentes electrónicos.

La posición exportadora de Chihuahua representa una fortaleza, pero también aumenta su vulnerabilidad. La mejor defensa será producir mayor valor dentro del estado: diseño, investigación, proveeduría especializada, semiconductores, automatización e industria aeroespacial.

México puede mostrarse cautelosamente optimista. Chihuahua necesita ser estratégicamente previsor.

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Hospital Universitario: una primera etapa que debe tener futuro

La Universidad Autónoma de Chihuahua invertirá aproximadamente 50 millones de pesos en la primera etapa de su Hospital Escuela Universitario, ubicado en el Campus II.

El proyecto contempla cerca de mil 964 metros cuadrados, diez consultorios, dos quirófanos, espacios de recuperación, cuatro camas de hospitalización y un área de urgencias con cinco lugares de observación.

Las obras comenzarían el 19 de noviembre y concluirían, en su parte constructiva, el 18 de marzo de 2027.

Cuatro camas parecen pocas frente a las necesidades médicas de Chihuahua. Sin embargo, el proyecto debe evaluarse por su función inicial: formar profesionales, realizar investigación y comenzar a prestar servicios clínicos.

La UACH acierta al iniciar con una escala que pueda operar. Un edificio grande, sin personal, equipo ni presupuesto permanente, terminaría convirtiéndose en una estructura costosa y parcialmente vacía.

El desafío será establecer desde ahora cómo crecerá.

El rector Luis Alfonso Rivera Campos tendrá que definir cuánto costará operar el hospital, cuáles serán sus especialidades, qué población atenderá, cómo se contratará al personal y de qué manera participarán Medicina, Enfermería, Odontología, Ciencias Químicas y otras áreas universitarias.

La primera etapa no resolverá el déficit hospitalario de la capital, pero puede convertirse en el comienzo de un modelo donde formación, investigación y atención médica trabajen juntas.

Las instituciones duraderas no siempre comienzan grandes. Comienzan con bases claras, recursos suficientes y una visión capaz de sobrevivir a quienes las inauguraron.