Adeudo de Juárez, por ISR no enterado: Granillo

CHIHUAHUA, Chih., 7 de abril de 2026.- El adeudo de 118 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por ISR no enterado en 2021 ya comenzó a generar efectos directos en Ciudad Juárez, luego de que se suspendieran participaciones federales, reduciendo la liquidez del municipio.

Frente a este panorama, el Gobierno del Estado, a través del secretario de Hacienda, Jesús Granillo, planteó un mecanismo de apoyo para enfrentar el problema. No obstante, la propuesta abre cuestionamientos sobre el alcance real de este “rescate” y las implicaciones en el manejo de los recursos municipales.

Granillo explicó que el crédito fiscal no surge de manera inmediata, sino tras un proceso de revisión que puede durar años. “Puede haber comenzado hace uno o dos años, el SAT revisa, pide documentación, la confronta, hasta que determina que hay un impago y entonces finca el crédito fiscal”, señaló.

Aclaró además que antes de formalizar el adeudo, la autoridad da oportunidad de regularizarse. “Si esto no sucede, entonces ya se establece el crédito fiscal”, dijo.

El funcionario subrayó que el Estado no tiene injerencia en las auditorías. “A nosotros no nos informan cuándo empieza el proceso, solo nos notifican cuando ya existe el crédito por cierta cantidad”, explicó, al tiempo que indicó que el SAT aún puede revisar ejercicios recientes dentro del plazo legal.

La consecuencia inmediata, reconoció, es la retención de recursos clave para el municipio. “Es dinero que no le estaría llegando a Juárez si no se resuelve esta situación”, advirtió.

Ante ello, el Estado plantea un convenio que permitiría aliviar la carga financiera. “A través de este mecanismo el municipio puede beneficiarse hasta con el 75% de la deuda”, detalló, insistiendo en que no afectará otros programas ni partidas presupuestales.

Sin embargo, el esquema implica que la solución pase necesariamente por la intervención estatal, lo que en los hechos coloca al Gobierno del Estado como actor central en la administración de la crisis financiera del municipio.

En este contexto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar enfrenta no solo el impacto económico del adeudo, sino también el costo político de una situación que ya escaló a nivel federal y que ahora condiciona la operación financiera de su gobierno.

El caso exhibe cómo una omisión administrativa puede transformarse en un problema mayor: presión fiscal desde la federación y una salida que, aunque presentada como apoyo, redefine el margen de maniobra del municipio.