Ariadna Montiel llevará a tribunales a Maru Campos por acusaciones de vínculos con el crimen organizado

CHIHUAHUA, Chih., 31 de octubre de 2026.–

La confrontación política entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llegó a un nuevo escenario luego de que la dirigente morenista anunciara acciones legales por presunta violencia política de género, daño moral y calumnias.

La decisión fue anunciada el pasado 27 de octubre, después de que la mandataria estatal señalara públicamente a Montiel por supuestos vínculos con organizaciones del crimen organizado que operan en Chihuahua, particularmente en la región serrana.

La presidenta de Morena rechazó las acusaciones y sostuvo que carecen de sustento, por lo que anunció que sus abogados se encargarán de los procedimientos legales correspondientes.

Montiel también cuestionó que la gobernadora utilice su posición institucional para intervenir en la disputa partidista rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que sus declaraciones públicas podrían constituir actos anticipados de campaña.

En ese contexto, informó que Morena respaldará las acciones electorales promovidas por Cruz Pérez Cuéllar contra la mandataria estatal, a quien acusa de favorecer políticamente al Partido Acción Nacional.

El enfrentamiento tiene implicaciones que van más allá de las diferencias personales entre ambas dirigentes, pues se presenta en medio de un ambiente político marcado por investigaciones federales, disputas institucionales y la reorganización de las fuerzas partidistas de Chihuahua.

Uno de los elementos que incrementan la tensión es el proceso judicial contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado, quien enfrenta acusaciones federales relacionadas con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio chihuahuense.

Jáuregui permanece sujeto a prisión preventiva mientras continúa el procedimiento correspondiente, situación que ha profundizado las diferencias políticas entre representantes del Gobierno estatal y dirigentes de Morena.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que cualquier acusación relacionada con presuntos vínculos con la delincuencia organizada debe presentarse ante las autoridades competentes y acompañarse de pruebas.

El nuevo conflicto abre interrogantes sobre los límites entre la libertad de expresión, la confrontación partidista y la posible violencia política de género, cuya existencia deberá ser determinada por las instancias competentes.

Hasta el momento, la información disponible permite confirmar el anuncio de las acciones legales, pero no acreditar que todas las denuncias hayan sido formalmente presentadas y admitidas por las autoridades.

Para Chihuahua, el enfrentamiento representa un nuevo capítulo de polarización política en la antesala de 2027, cuando las distintas fuerzas políticas buscarán definir candidaturas, construir alianzas y posicionarse ante el electorado.

La atención estará centrada en la eventual presentación de las denuncias, las pruebas que aporten las partes y las resoluciones de las autoridades, que deberán distinguir entre la confrontación política y las posibles responsabilidades jurídicas.

Información contrastada con declaraciones difundidas el 27 de octubre