Comunidades indígenas denuncian afectaciones por Parque Barrancas del Cobre; Gobierno de Chihuahua rechaza violaciones a derechos humanos

Representantes de pueblos originarios expusieron ante la CIDH presuntas afectaciones ambientales, falta de consulta y exclusión de los beneficios turísticos.

CHIHUAHUA, Chih., 31 de octubre de 2026.—

El Gobierno del Estado rechazó haber vulnerado los derechos de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara durante el desarrollo del proyecto turístico Barrancas del Cobre, mientras representantes de los pueblos rarámuri, ódami y otros grupos originarios denunciaron afectaciones a sus territorios y formas tradicionales de vida.

La controversia fue abordada durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que integrantes de las comunidades de Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo expusieron presuntas omisiones gubernamentales relacionadas con la consulta indígena, la protección ambiental y los beneficios económicos del complejo turístico.

Los representantes comunitarios señalaron que durante más de 15 años han sostenido procedimientos legales para exigir el reconocimiento de sus derechos, así como una participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios.

También cuestionaron la falta de beneficios directos para sus habitantes, pese a la actividad turística desarrollada en la región.

Por su parte, funcionarios del Gobierno de Chihuahua sostuvieron que el proyecto no ha generado afectaciones que constituyan violaciones a derechos humanos y aseguraron que existen mecanismos de diálogo para atender las necesidades de las comunidades.

Las autoridades reconocieron que Barrancas del Cobre enfrenta dificultades económicas, pues señalaron que el parque turístico no genera utilidades suficientes.

Durante la audiencia también se abordaron resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con derechos indígenas y la obligación de garantizar procesos adecuados de participación comunitaria.

Los pueblos originarios solicitaron que se investiguen las consecuencias ambientales del proyecto, particularmente en materia de agua, territorio y conservación de los recursos naturales.

La CIDH evaluará los planteamientos presentados y las respuestas gubernamentales para determinar las actuaciones correspondientes.

El conflicto pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar que el turismo en la Sierra Tarahumara genere beneficios para sus habitantes, respete los derechos colectivos y contribuya a preservar el patrimonio natural y cultural de Chihuahua.